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El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa en la región del Bío Bío señaló que la ola de robos en recintos educacionales es un problema de "orden público", denunciando la constante sustracción de útiles, tecnología y vandalización de instalaciones, indicando que la seguridad no es responsabilidad exclusiva de los sostenedores. Ramón Jara, director ejecutivo, mencionó la posibilidad de revisar el proyecto de seguridad, pero aclaró que el orden público no es competencia de estos. A pesar de esto, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Andalién Costa, Jorge Parra, acusó al sostenedor de no haber tomado en serio la situación, argumentando que deberían haber mantenido al personal de vigilancia antes de licitar nuevos guardias.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa, en la región del Bío Bío, aseguró que la ola de robos que afecta a recintos educacionales responde a un tema de “orden público”.
Y es que junto con indicar que están cansados de la sustracción de útiles, de elementos tecnológicos y de la vandalización de sus instalaciones, apuntan a que la seguridad no depende 100% de los sostenedores.
Así al menos lo expresó Ramón Jara, director ejecutivo de esta repartición, quien indicó que siempre se puede revisar el proyecto en materia de seguridad, pero que los temas de orden público “no son competencia de los sostenedores”.
Pese a esta explicación, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Andalién Costa, Jorge Parra, acusa que el sostenedor “no le tomó el peso”.
Ante ese contexto, dijo que antes de iniciar una nueva licitación de guardias, se debió mantener al personal que desarrollaba labores de vigilancia.
En ese sentido, los docentes esperan que exista inversión en materia de seguridad, pero que también se incrementen las rondas policiales.
Esto, porque, según señalan, los principales afectados por los robos y daños en escuelas y liceos son los estudiantes de la educación pública en la zona.
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