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La Superintendencia de Educación rechazará el uso de subvenciones para adquirir elementos que vulneren derechos, como detectores de metales en colegios de Lota, Bío Bío, clasificando esta medida como improcedente. A pesar de ello, autoridades como el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, critican esta decisión, argumentando que no se vulneran derechos en aeropuertos al usar detectores. La Superintendencia insta a buscar estrategias preventivas y formativas para reducir la violencia y mejorar la convivencia escolar, mientras políticos como el diputado Sergio Bobadilla plantean la necesidad de tomar medidas concretas en prevención.

La Superintendencia de Educación anunció que rechazará la imputación de gasto a recursos de subvenciones si estos se utilizan para adquirir elementos que puedan vulnerar derechos.

Un ejemplo fue la instalación de detectores de metales en los establecimientos de Lota, región del Bío Bío, como lo anunció el alcalde de la comuna, Patricio Marchant.

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Mediante un comunicado, señalan que la normativa vigente no contempla el uso de detectores de metales como una medida preventiva o de seguridad en los establecimientos educacionales.

Políticos del Bío Bío en desacuerdo con la Superintendencia

Tanto el dictamen de la Contraloría General como la Superintendencia de Educación clasifican esta medida como improcedente, que afecta el derecho a la vida privada, la honra y la dignidad de las personas.

Sin embargo, autoridades no concuerdan con esta postura, como el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, quien a través de la red social X, fue bastante crítico y escribió que el superintendente daba la típica respuesta de un burócrata y que nadie es vulnerado cuando se usan los detectores en aeropuertos.

El diputado Sergio Bobadilla, integrante de la comisión de educación, dijo que quizás no era la mejor opción, pero mientras no se tomen medidas concretas en prevención no queda de otra.

Y una discusión abierta dejó la delegada presidencial, Daniela Dresdner, quien señaló que la Superintendencia respondió de acuerdo a los marcos legales y que si hay que modificarlos, es en otra instancia.

Por ahora, la Superintendencia hace un llamado a las comunidades educativas a persistir en la búsqueda de estrategias preventivas y formativas que realmente permitan reducir los niveles de violencia y mejorar la convivencia escolar.