Una división se generó entre las algueras de Coronel que se negaban a cancelar los honorarios demandados por abogados que las representaron en el conflicto contra Enel y su termoeléctrica Bocamina. Un grupo de cerca de 100 mujeres se allanó a pagar, mientras que cerca de 800 seguirán con acciones legales.

Eran cerca de mil algueras y charqueadoras de Coronel quienes se negaban a pagar los honorarios que perseguían los abogados Alex Quevedo y Lorenzo Soto, por su trabajo en lo que fueron las acciones legales que desencadenaron la decisión de Enel, ex Endesa, a pagar una millonaria indemnización a los pescadores artesanales y algueras de la caleta Lo Rojas.

Sin embargo, tras semanas desde que se conociera el fallo del Juzgado Civil coronelino que retuvo parte de la reparación para descontar los honorarios, una división se produjo en los sindicatos de algueras y charqueadoras, donde el grupo que lidera Rosa Cárdenas optó por allanarse al pago demandado.

“Nosotros sabemos que aquí no hubo juicio, que los abogados no ganaron nada porque este fue un acuerdo entre los dirigentes, el sector pesquero y Enel. Sabemos realmente que los abogados no ganaron ningún juicio, no fueron a pelear a los tribunales, se firmaron documentos, se cometieron errores”, aseguró Cardenas.

Serían alrededor de cien millones de pesos los que perciban los abogados de parte de 95 mujeres, mientras que otro grupo de 800 algueras decidieron insistir en el rechazo a cancelar los honorarios demandados por los abogados.

Una de las acciones legales ya fue presentada como un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción, en contra de la resolución de la jueza Paulina Bermúdez, quien habría retenido una segunda cuota que Enel debía pagar a las algueras y charqueadoras.

La dirigenta Helen Fierro, explicó que se está pidiendo al tribunal de alzada que se declare ilegal y arbitraria una medida precautoria dictada supuestamente sin argumentos.

“Encuentro insólito que estos abogados hayan enviado una orden prejudicial donde nos retuvieron 380 mil pesos, o sea no había nada de por medio”, manifestó.

En la denuncia se pide a la corte dictar una orden de no innovar que paralice la segunda retención de los dineros, resolución que se dictaría este viernes.