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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, anunció que se está investigando graves irregularidades detectadas por la Contraloría en los recursos destinados tras el megaincendio de 2024 en la región de Valparaíso. Los informes revelaron problemas en la demolición de viviendas siniestradas, comprometiendo más de $1.100 millones.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público inició una investigación a raíz de las millonarias irregularidades —detectadas por la Contraloría— en recursos destinados tras el megaincendio de 2024 en la región de Valparaíso.

“Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso”, comenzó diciendo Campos.

Aquellos informes, dijo el representante de la Fiscalía, dan cuenta de “graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas, en las cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los $1.100 millones”.

“Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, anunció.

Tal como informó este medio, lo anterior surgió cuando se conocieron cinco informes de auditorías efectuados por el ente contralor, donde figuran la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura.

Entre las principales observaciones, el organismo fiscalizador identificó pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados.