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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa Hidroangol SpA, dueña de la Central Hidroeléctrica Río Picoiquén en Angol, La Araucanía, por incumplir compromisos ambientales, como no respetar el caudal ecológico del río y fallar en la reforestación acordada, con una tasa de supervivencia del 0,4%. La Fundación Pewenkem denunció estas irregularidades. La empresa enfrenta sanciones que van desde multas hasta la clausura de la central.

Una empresa hidroeléctrica de Angol, en la región de La Araucanía, corre el riesgo de ser clausurada tras incumplimientos en el mantenimiento del caudal ecológico y en la gestión forestal.

Y es que la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa Hidroangol SpA, dueña de la Central Hidroeléctrica Río Picoiquén, por incumplir compromisos ambientales básicos exigidos para su funcionamiento.

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La empresa no respetó el caudal ecológico del río Picoiquén, es decir, no dejó correr el agua mínima necesaria para proteger el ecosistema del río. Este incumplimiento fue calificado como grave por su impacto directo sobre el recurso hídrico.

Una situación que fue denunciada en dos ocasiones por la Fundación Pewenkem, quienes constataron que en algunas zonas el agua es casi inexistente; así lo comentó su representante Juan Hernández.

Además, la investigación constató un grave abandono de las obligaciones de reforestación. Hidroangol se había comprometido a reforestar bosque nativo con una tasa de supervivencia mínima del 75%.

Sin embargo, las fiscalizaciones en terreno revelaron que solo el 0,4% de los árboles plantados sobrevivió, lo que representa un fracaso casi total del plan ambiental comprometido.

El jefe Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente en La Araucanía, Luis Muñoz, señaló que, debido a la gravedad de las faltas, Hidroangol SpA arriesga sanciones que van desde multas millonarias hasta el cierre definitivo de la central o la pérdida de su permiso ambiental.

La empresa tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar un plan de cumplimiento y 22 días hábiles para responder a los cargos, mientras avanza un proceso que vuelve a poner en duda el real control ambiental sobre proyectos energéticos en la región.