Ni Dorothy pudo

Recientemente, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha publicado un informe sobre los procedimientos disciplinarios instruidos hasta el fin del año 2025 por el Ministerio de Hacienda frente al fraude de licencias médicas, puesto en evidencia por la Contraloría General de la República.

Se reporta solo para el gobierno central 40.629 licencias médicas sospechosas entre 29.270 funcionarios. De ellos 5.525 ya han dejado el servicio público, entre otros motivos, como un intento de evitar investigaciones y sanciones. Del total de casos a investigar se han instruido 25.000 sumarios, de los cuales el 80% continúa en curso sin resolución. Entre los funcionarios en los que se ha establecido un mal uso, sólo 262 (esto es un 1%) han sido destituidos.

Se estima que la pérdida para el Estado asciende aproximadamente a 35 millones de USD. Según Contraloría, el mal uso de licencias se relaciona con 33% de salida fuera del país, 1% atención de partos en clínicas privadas y 21% a asistencia a casinos de juegos mientras se goza del permiso en cuestión.

El informe de la Dipres, que estaba obligada a entregar por ley, es penoso. Debería haberse titulado “Anatomía de un fracaso”.

Es correcto que el escándalo levantado por Contraloría al cruzar datos disponibles de licencias, salidas del país, entrada a casinos de juego, prestaciones de profesionales en clínicas, ha generado por temor una caída sustantiva de la entrega de estos permisos, pero el informe mencionado augura que esto será un efecto pasajero, a pesar que ha producido la ilusión que las Isapres podrían sobrevivir y habría más fondos públicos, birlados a Fonasa, para destinarse a las dolorosas listas de espera.

La lógica después de la revelación de Contraloría, esto es, que existe un fraude sistemático a los fondos manejados por los seguros, tanto de la cotización obligatoria como de los impuestos pagados por todos, y que es una de las causas principales del desfinanciamiento crónico para las atenciones que la población realmente requiere, habría sido ir a la raíz y tratar de corregir la estructura del subsidio y su acceso.

En lugar de ello, cientos de funcionarios han dedicado tiempo a tareas de auditoría y sumarios; instituyéndose incluso un “Comité Nacional de Ausentismo” para fiscalizar a los fiscalizadores.

Se requiere una mirada preventiva sobre dos hechos cruciales:

Primero, un(a) profesional de la salud evalúa una persona y certifica (varias veces con falsedad) que dicha persona está incapacitada temporalmente para trabajar, lo que genera, como su nombre indica, un Subsidio de Incapacidad Laboral, que es el verdadero nombre de la licencia.

Segundo, la persona accede a un dinero, equivalente al total de su sueldo con topes y deducibles nominales, no reales, y deja de prestar servicios, a veces por más de 8 años, como revelara otro Informe de la CGR.

Ya existe el marco legal para tratar como delito la falsedad en la entrega de Licencias; pero no se hacen las denuncias del caso o la Fiscalía no toma iniciativa por oficio.

El camino lógico, cual es crear un solo ente que administre todas las licencias, laborales, maternales y comunes, dependiente del Ministerio del Trabajo, y no de Fonasa como ahora se propone, es mandatorio.

Al igual que otros países, el subsidio debe progresivamente tener un monto menor al 100% de la remuneración. Por último, que se haga lo mandado en la ley: alguien que tiene una licencia por un tiempo prolongado, no está en condiciones de mantener su cargo. Se requiere coraje, sí.