Luis Tranamil Nahuel está acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio frustrado de un carabinero en servicio, en este caso el suboficial Eugenio Naín, además de homicidio frustrado en contra del comandante que acompañaba al policía al momento de fallecer, y otro cargo por este mismo delito, ya que atacó a balazos a un conductor que pasaba por la ruta en esa instancia.

Este lunes 19 de junio, se inició la audiencia de preparación del juicio oral en la causa derivada del asesinato del suboficial de Carabineros, Eugenio Naín, que ocurrió el 30 de octubre de 2020 en la ruta 5 a la altura de la localidad de Metrenco, región de La Araucanía.

La sesión partió con la lectura de la acusación del Ministerio Público, ejecutada por la jueza de Garantía en Temuco, Ruth Martínez, tras lo cual se efectuaron algunas correcciones de vicios formales.

Así lo precisó el fiscal de alta complejidad Carlos Bustos, quien investiga los homicidios de funcionarios policiales en la región.

“Esta audiencia es de carácter técnico, donde se verifica finalmente cual será la prueba que se va a incorporar en juicio oral, tanto por la Fiscalía, querellantes y defensa. Se avanzó a través de lo que son los vicios formales de corrección, y el tribunal otorgó un receso hasta el día jueves para que la Fiscalía pueda realizar algunas observaciones a la prueba ofrecida”, explicó.

Un homicidio consumado y dos cargos por homicidio frustrado

En cuanto al acusado, Luis Tranamil Nahuel, este asistió presencialmente a la audiencia, en compañía de su abogada defensora, Patricia Cuevas.

Tranamil está acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio consumado de un carabinero en servicio, en este caso el suboficial Eugenio Naín, además de homicidio frustrado de carabinero en servicio, respecto del comandante que acompañaba al policía al momento de recibir el mortal impacto de bala.

A esto se agrega, homicidio frustrado del conductor de un camión que pasaba por la ruta y que fue atacado a balazos, y porte ilegal de arma de fuego.

Por estos hechos la Fiscalía está pidiendo penas que llegan a los 43 años de presidio.