Héctor Andrade | Agencia UNO
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En el contexto de una seguidilla de ataques incendiarios ocurridos la madrugada de este lunes en la región de La Araucanía, los dueños de los ocho camiones quemados en la comuna de Victoria cifraron en 600 millones de pesos las pérdidas tras el hecho, mientras que desde la Cámara Chilena de la Construcción llamaron al Gobierno a que se respete el estado de derecho en toda la Macrozona Sur.
Los dueños de los ocho camiones que resultaron destruidos durante un ataque incendiario ocurrido la madrugada de este lunes en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, cifraron en 600 millones de pesos las pérdidas tras el hecho que también dejó un automóvil quemado.
En específico, el hecho se registró en una empresa agrícola saliendo hacia el sector Las Cardas, cerca de la planta Carozzi, ocurriendo minutos después de un primer ataque que tuvo lugar a la altura del kilómetro 25 de la Ruta R-71, camino Inspector Fernández, donde encapuchados armados quemaron un galpón y diversas maquinarias.
Por instrucción del Ministerio Público, durante las primeras horas de la jornada estuvo trabajando en el lugar la Policía de Investigaciones, sumado a la acción de voluntarios de Bomberos para extinguir las llamas.
En específico, el daño provocado por el ataque se concentró en las cabinas de los vehículos de carga, los que aún no estaban cargados con trigo, en un trabajo que se iba a efectuar la jornada de este lunes.
En paralelo a ello, la Cámara Chilena de la Construcción emitió una declaración pública, rechazando lo ocurrido, definiéndolo como una “nueva muestra de intolerancia, de desprecio por las vías institucionales para resolver los conflictos y por el bienestar de las demás personas y de toda la sociedad”.
Asimismo, precisan en la misiva que solidarizan con las empresas socias, sus trabajadores y familias que han sido víctimas de los ataques en cuestión.
Por último, realizaron un llamado al Gobierno para que garantice en la región de La Araucanía, así como en toda la Macrozona Sur, el respeto al estado de derecho.
Un tercer ataque, y con un Estado de Excepción declarado de por medio, ocurrió en Curacautín, donde desconocidos quemaron las obras de un proyecto de APR.
