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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó a un grupo de mujeres cesar la difusión de publicaciones en redes sociales acusando a un funcionario del Hospital de Coquimbo de complicidad en hechos de connotación sexual, sin existir una condena formal en su contra. Tras una demanda del afectado, se determinó que estas publicaciones vulneraban su derecho a la honra, recordando que nadie puede ser tratado como culpable sin sentencia judicial firme.

La Corte de Apelaciones de La Serena, en un fallo unánime, ordenó a un grupo de mujeres abstenerse de difundir publicaciones en redes sociales acusando a un funcionario del Hospital de Coquimbo de complicidad en hechos de connotación sexual, sin haber una condena formal.

El afectado presentó una acción judicial tras una serie de publicaciones en Instagram, donde fue públicamente expuesto como encubridor de acoso sexual al interior del Hospital San Pablo.

Pese a que las involucradas negaron haber creado la cuenta de origen de las publicaciones en redes, reconocieron haber compartido el contenido en sus perfiles personales.

Corte ordena cesar funa contra funcionario de Hospital de Coquimbo

El tribunal, integrado por el ministro Felipe Pulgar, la ministra Gloria Negroni y el abogado Gabriel Gallardo, determinó que la información divulgada vulneraba el derecho a la honra del recurrente.

Esto, teniendo en consideración que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia judicial firme.

Por ello, Pulgar manifestó que “estamos frente a una persona que ante la Ley, es inocente. Estas funas en redes sociales constituyen mecanismos de autotutela totalmente prohibidos por el ordenamiento jurídico“.

Cabe aclarar que el fallo no se pronuncia sobre la veracidad de las acusaciones, pero sí sobre el uso de redes sociales para exponer públicamente a una persona sin respaldo judicial. Por ello se ordenó cesar, por cualquier vía, toda difusión o republicación que lo denoste.

La sentencia reabre el debate sobre los límites entre la denuncia social y el derecho a la presunción de inocencia, especialmente en plataformas digitales, donde la exposición pública puede derivar en escarnio sin garantías de un debido proceso.