Un llamado a cumplir las promesas realizó el Colegio de Profesores de Atacama, cuyos dirigentes iniciaron una huelga de hambre por la crisis que vive la educación pública de la región.

El presidente del Colegio de Profesores de Atacama hizo un llamado a que las autoridades locales cumplan sus promesas respecto a la situación en los establecimientos educacionales de la región. Todo esto en medio de la huelga de hambre que realizan miembros de la organización.

A horas de la vuelta de clases 2024, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama entregó el cronograma oficial de ingreso para cada una de las 60 escuelas y liceos de los SLEP en la región.

Serán 40 establecimientos los que ingresarán este lunes con jornada completa, 15 con media jornada y seis con ingreso diferido. En paralelo, los 18 jardines infantiles a su cargo, ingresarían este martes 5.

Como cifras oficiales, informaron que se invirtieron $718 millones en colaboración público-privada, mientras que en la segunda fase se están destinando $264 millones.

El seremi de Educación, Pablo Selles, aseguró que los establecimientos cuentan con las condiciones mínimas para su funcionamiento, instando a los apoderados a llevar a sus niños a clases.

Continuará huelga de hambre

Todo esto ocurre en medio de la huelga de hambre encabezada por los dirigentes del Colegio de Profesores de la región.

El presidente de esta colectividad, Carlos Rodríguez, afirmó que el anuncio no da soluciones reales, aclarando que continuará la huelga.

En la misma línea, en la comisión de Educación de la Cámara Baja, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, criticó la tardía respuesta desde el Mineduc.

Mientras, la parlamentaria comunista, Daniela Serrano, señaló que los montos invertidos no son suficientes para dar solución a la crisis actual.

En adición, en el marco del acuerdo de colaboración, se firmará un convenio de programación junto al Gobierno Regional de Atacama y el Ministerio de Educación para la inversión de infraestructura educacional entre el 2024 al 2028, por un monto máximo de $25 mil millones.