El gobierno, en voz del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, anunció el ingreso de un proyecto de ley corta para modificar la Ley 21.802 de Seguridad Municipal, a fin de corregir deficiencias y mejorar su implementación.
Esto, tras reunirse con representantes de la Asociación Chile de Municipalidades, la Asociación de Municipios de Chile, la Asociación de Municipalidades Rurales y otros alcaldes del país.
De acuerdo a información del mismo Ejecutivo, una de las principales modificaciones busca alivianar las restricciones presupuestarias que tienen los municipios en materia de contratación de personal, con el objetivo de que puedan hacerse cargo de las nuevas competencias y atribuciones que les asigna la Ley de Seguridad Municipal.
Ley corta para corregir errores y mejorar implementación de Ley de Seguridad Municipal
Actualmente, el gasto anual en personal de las municipalidades no puede exceder el 42% de los ingresos propios; por lo mismo, el proyecto de ley corta apunta a que este límite no aplique para las remuneraciones y asignaciones al personal que ejerza funciones de seguridad municipal.
A su vez, la iniciativa también establece que la Subsecretaría de Prevención del Delito suscribirá convenios con las instituciones incluidas en el artículo 12 de la Ley 18.290 de Tránsito para facilitar que el personal de los municipios pueda realizar cursos para obtener la licencia clase F, requisito obligatorio para conducir vehículos de seguridad municipal, que han sido catalogados como vehículos de emergencia.
El subsecretario Guerrero explicó que el objetivo central de este proyecto es corregir a tiempo los aspectos que pudiesen fallar durante la implementación de la Ley de Seguridad Municipal.
“Perfeccionar estas leyes no es un ajuste técnico menor: es la base sobre la cual se sostienen los resultados en seguridad que las familias chilenas esperan ver”, destacó.
Asimismo, planteó que es indispensable que los municipios puedan ejercer de forma correcta las funciones preventivas que les otorga la ley para, de esta manera, colaborar con el trabajo que realiza Carabineros en las comunas.
“Cuando la ley está bien diseñada, inspectores municipales y guardias de seguridad privada asumen la vigilancia, la disuasión y la presencia territorial bajo estándares comunes de idoneidad y capacitación, permitiendo que Carabineros y PDI concentren sus recursos en el control efectivo del delito. Un ecosistema de seguridad eficiente distribuye responsabilidades”, dijo.
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