Tercerización y flexibilidad: Si un derecho no es igual para todos, no es un derecho, es un privilegio

En la lucha de clases también se pelea por las palabras. Antes de quitar un derecho hay que cambiarle el nombre, y en eso el gran empresariado ha sido eficaz.

Nos hablan de flexibilidad, adaptabilidad, subcontratación, outsourcing, nos dicen que vamos a ser dueños de nuestro tiempo. Suenan a conquista personal y son lo contrario. Nosotros, como Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile tenemos la obligación de decirlo en voz alta porque nadie más lo va a hacer. Con estas medidas se está traslado los costos las y los trabajadores.

Basta mirar cualquier faena para entenderlo sin teoría. Dos personas cumplen la misma función, en el mismo turno y con la misma responsabilidad. Una pertenece a la planta, la otra a una contratista. Hacen lo mismo y trabajan donde mismo, pero no ganan lo mismo. La antigüedad de uno corre y del otro se reinicia cada vez que cambia la licitación. Cuando hay un problema, la empresa principal, se desliga de responsabilidades respondiendo que no son los empleadores. La tercerización no es una forma moderna de organizar la producción. Es un muro levantado dentro de un mismo lugar de trabajo para que quienes están a cada lado dejen de reconocerse como iguales.

Y ahí está el fondo. Si un derecho no es igual para todos, no es un derecho, es un privilegio.

Y hay que decirlo con todas sus letras. La tercerización abre la puerta a las malas prácticas laborales, y lo hace por diseño, no por descuido. Cuando una empresa externaliza su giro principal, lo que externaliza es su responsabilidad. Aparecen las jornadas que nadie fiscaliza, las cotizaciones que se pagan tarde o no se pagan, los finiquitos que borran la antigüedad acumulada. La contratista compite por precio y el único precio que puede bajar es el nuestro, el del salario.

El Estado tampoco está limpio en esto. Hay miles de trabajadoras y trabajadores que ejecutan política pública desde fundaciones, corporaciones y programas externalizados, con plata fiscal y sin contrato de funcionario. Trabajan para Chile y Chile los esconde en una contrata ajena o en una boleta. La precarización no es solo una herencia del empresariado, también se administra desde el aparato público y hay que corregirla ahí.

Lo que casi nunca se discute es dónde termina todo esto. No termina en la empresa, termina en la sociedad entera. Cuando el trabajo deja de dar estabilidad reaparece una figura que Chile ya conoció, la del trabajador o trabajadora pobre. Gente con empleo, jornada completa y cotizaciones al día que igual no logra sostener a su familia.

La mitad de quienes trabajan en este país gana menos de 650 mil pesos y la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas está, hace rato, por encima de esa cifra. Trabajar dejó de ser garantía de salir de la pobreza. Cada medida que suma incertidumbre sobre esa base no genera movilidad, construye un piso del que ya nadie sube.

Chile se empobrece, y la señal está en que la clase media cada vez se achica más, destinándose a desaparecer. Así se ensanchan las brechas. No con un decreto que las anuncie, sino con cien decisiones pequeñas que está tomando este Gobierno y que nadie discute.