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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó al municipio a pagar cerca de $15 millones a una periodista despedida de la Dirección de Educación Municipal. El tribunal determinó que su desvinculación fue discriminatoria, al fundarse en su militancia en el Frente Amplio. La exfuncionaria trabajó desde noviembre de 2022 hasta diciembre de 2024. La Municipalidad anunció que presentará un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones y sostuvo que actuó conforme a derecho.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la Municipalidad Santiago a pagar alrededor de $15 millones por el despido de una exfuncionaria de la Dirección de Educación Municipal (DEM), considerado discriminatorio al haberse fundado, según el tribunbal, en su militancia política en el Frente Amplio (FA).

La mujer dedujo una demanda de tutela por vulneración de derechos con ocasión del despido y, en subsidio, una demanda por despido improcedente.

En el fallo al que tuvo acceso BioBioChile, se detalla que la demandante inició sus labores en el municipio en noviembre de 2022 como periodista, extendiéndose su permanencia en el entidad edilicia hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en que fue desvinculada por la causal “necesidades de la empresa” pese a mantener una relación laboral a plazo indefinido.

Además, la demanda se hace alusión a que, en el marco de las elecciones municipales de octubre de 2024 en las que resultó electo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, este subió a Instagram un video durante su campaña en el que señaló que “sacaría” a todos los funcionarios contratados en la gestión de la exalcaldesa y diputada Irací Hassler (PC), a quienes calificó de operadores ligados al Frente Amplio y al partido comunista.

La periodista también señaló que en enero de 2025, mientras hacía uso de una licencia médica, recibió una carta de despido suscrita por la subdirectora de Gestión de Personas de la DEM.

Sobre su militancia política, la exfuncionaria hizo presente que es militante del FA y que fue candidata a concejala por esa colectividad en San Miguel durante los comicios de octubre de 2024.

En lo que respecta a su salida del municipio, indicó que esta se debió a haber sido contratada en la administración de Hassler, su militancia, participación en la campaña de reelección de la exjefa comunal y su opinión política.

Condena contra el municipio de Santiago por despido político de periodista militante del FA

En la resolución de primera instancia, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, “declarándose que el despido que le cursare esta última fue discriminatorio por fundarse en su militancia política“.

Por ello, se condenó a la municipalidad al pago de la indemnización por seis remuneraciones ($8.452.806), la sustituiva del aviso previo ($1.408.801), por años de servicio ($2.817.602) y el recargo legal del literal a) del artículo 168 del Código del Trabajo ($845.281).

En tanto, se acogió parcialmente la acción de cobro de prestaciones, por lo que se sentenció al municipio a pagar $92.042 por feriado proporcional, $375.680 por feriado pendiente y $234.800 por días inhábiles, además de las costas procesales, regulándose estas en $1.000.000.

Todo aquello suma un monto total de alrededor de $15 millones.

Declaración de la Municipalidad de Santiago

Consultados por BBCL, desde el municipio sostuvo que “ejercerá todos los recursos procesales vigentes que contempla la ley para impugnar esta sentencia de primera instancia“, al no compartir lo que determinado por dicho tribunal.

“Para estos efectos, deducirá un recurso de nulidad laboral ante la Corte de Apelaciones, a fin de que los tribunales superiores de justicia revisen dicha resolución judicial impugnada conforme a derecho”, anunciaron desde la Municipalidad de Santiago.

La entidad edilicia recalcó que se trata de un fallo de primera instancia y que no está firme ni ejecutoriaa, por lo que “proceden los recursos procesales establecidos en la legislación vigente“.

“La Municipalidad tiene la convicción de que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico y ejercerá su defensa judicial sobre la base de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que sustentan su posición institucional”, concluyeron en su comunicado tras la sentencia.