Los cambios que prepara el Gobierno para la resolución de conflictos entre contratistas y el MOP

El Ejecutivo alista un cambio legal que eliminaría años de fricciones entre las empresas contratistas y el propio Estado.

Hace un par de meses que la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) está trabajando y socializando una propuesta con actores como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Su objetivo es resolver las controversias que surgen durante la ejecución de los contratos, algo parecido a lo que ya hace el panel de expertos de concesiones. Es decir, poner los incentivos en hacer más atractiva la alianza público-privada.

MOP alista cambios al sistema de controversias con contratistas del Estado

En la actualidad, cuando surgen diferencias por multas, errores de ingeniería, compensaciones u otras materias, el contratista puede recurrir administrativamente ante el propio MOP y la Contraloría, o bien a los tribunales ordinarios.

Aquello genera márgenes de tiempo excesivamente largos. De 6.885 contratos terminados entre 2011 y 2018, el 54% registró aumentos de monto y el 49% incrementos de plazo.

Bajo este contexto, la propuesta del MOP tendría 3 niveles:

En una primera instancia, un libro de Alertas Tempranas para registrar un eventual problema antes de que se transforme en una disputa.

Luego, comisiones consultivas para las controversias de contratos regionales inferiores a $14 mil millones y con una duración superior a 6 meses. Estas serán integradas por dos representantes del MOP y dos del contratista, con un máximo de 30 días para emitir un informe técnico no vinculante.

Y finalmente, un Panel de Resolución de Controversias que se aplicaría a contratos desde UTM 200 mil y estaría integrado por cinco miembros: dos abogados, dos ingenieros y un arquitecto, por Alta Dirección Pública. Tendrá 30 días para pronunciarse, prorrogables una vez, y sus recomendaciones serán fundadas, pero no vinculantes.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que es una estrategia que están replicando también en la Dirección General de Aguas (DGA), Bienes Nacionales y Monumentos Nacionales.

Así también agrego que “va en la línea de lo que buscamos como país: dar certezas a los inversionistas, acortar los plazos en que esa inversión se lleve a cabo para generar empleos lo antes posible”.

El exministro de Obras Públicas y asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura, Alberto Undurraga, valoró la iniciativa porque dijo que “significará también un menor precio para el Estado”.

“Si hay un mecanismo alternativo, los conflictos se van a resolver más rápido y finalmente esto debiera redundar en un menor precio para el Estado y poder construir más obras públicas”, dijo la exautoridad.