Una reunión de coordinación de carácter urgente sostuvo la mañana de este martes representantes de Chile Vamos con el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, en medio de la crisis política que enfrenta el gobierno por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
El encuentro se produjo luego de que Renovación Nacional (RN) difundiera una declaración en la que cuestionó la conducción política del Ejecutivo frente a la controversia, apuntando a falencias de coordinación y a la necesidad de revisar las responsabilidades involucradas.
Tras la cita en Palacio, la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares, aseguró que la intención de la colectividad sigue siendo colaborar con la administración, aunque reconoció que el escenario político es complejo.
“Siempre ha sido nuestra intención cooperar con el Gobierno para que a Chile le vaya bien. Y en eso sabemos que estamos en un minuto difícil, en una situación política compleja”, sostuvo.
En esa línea, explicó que durante la reunión abordaron distintas materias y mecanismos para contribuir a superar la crisis, poniendo especial énfasis en entregar una respuesta a las víctimas y sus familias.
Asimismo, la senadora planteó la necesidad de retomar las prioridades ciudadanas, mencionando el empleo, la seguridad y la economía.
RN mantiene cuestionamientos a la conducción política
Consultada sobre si la colectividad mantiene las críticas expresadas en su declaración, Balladares confirmó que los cuestionamientos siguen vigentes y apuntó a falencias políticas y comunicacionales en el manejo de la controversia.
“Creemos que esta crisis ha dejado en evidencia algunas falencias, tanto políticas como comunicacionales. (…) Hoy día más que nunca es necesario ver cómo se está trabajando, en hacer un análisis del diseño completo”, afirmó.
No obstante, la parlamentaria insistió en que las observaciones responden a una intención de contribuir al funcionamiento del gobierno y no a una voluntad de profundizar las diferencias dentro del oficialismo.
Respecto de una eventual salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, Balladares descartó que RN haya solicitado su renuncia y recalcó que esa determinación corresponde al Presidente de la República.
“Nosotros no hemos hecho esa solicitud; nosotros creemos que esa es una atribución del presidente. Apoyamos las decisiones del presidente y lo que buscábamos con esa declaración era presentar aquellas cosas en las que creemos que pueda ser un aporte”, señaló.
Evópoli expresa disconformidad y la UDI reconoce error político
Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke también manifestó reparos respecto de la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado la controversia, planteando que se requiere una mayor conducción política para encontrar una salida.
“Nosotros hemos venido precisamente a señalarle al vicepresidente Alvarado nuestra disconformidad con cómo se ha abordado parte de este debate; creemos efectivamente que hay mucha experiencia, que la forma también de abordar estos asuntos tiene que ser con más política”, indicó.
En ese sentido, el parlamentario sostuvo que la prioridad debe estar puesta en encontrar una solución y avanzar en el proyecto que actualmente se tramita en el Congreso.
“Hoy día hay un proyecto en el Congreso; creemos que esa debe ser prioridad porque la prioridad está con las víctimas”, agregó.
Cruz-Coke también calificó lo ocurrido como un error grave, advirtiendo que la controversia mantiene a la ciudadanía en un nivel importante de inquietud.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue más explícito al reconocer que el manejo de la situación tuvo un costo político para el Ejecutivo.
“No vale la pena ocultar que aquí hubo un error político que ha tenido consecuencias importantes, es cosa de las encuestas, es cosa de ver cómo ha reaccionado la ciudadanía, es cosa de las redes sociales, es cosa del interés de los medios de comunicación”, sostuvo.
Sin embargo, Ramírez hizo una distinción entre el costo político de la decisión y una eventual infracción legal o constitucional, descartando que, a su juicio, se haya configurado una situación de ese tipo.
En ese contexto, señaló que es posible cuestionar la decisión adoptada por el ministro de Justicia, pero al mismo tiempo respetar la institucionalidad y rechazar una eventual acusación constitucional.
De hecho, el timonel gremialista vinculó esa postura con el sentido que atribuye a la declaración de RN, asegurando que lee entre líneas una crítica política que no necesariamente implica respaldar una ofensiva constitucional contra el secretario de Estado.
Así, tras la reunión con Alvarado, las colectividades de Chile Vamos expusieron sus diferencias respecto de la conducción de la crisis, aunque coincidieron en la necesidad de corregir los errores, dar prioridad a las víctimas y evitar que la controversia siga condicionando el desarrollo de la agenda del gobierno.
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