Facturan miles de millones al año: el jugoso negocio de los economatos que Gendarmería tuvo que frenar

Ventas por más de $9 mil millones acumularon sólo los economatos de las 10 cárceles concesionadas del país durante los primeros meses de 2026. Se trata de establecimientos que concentran cerca del 42% de la población penal recluida en Chile, por lo que una extrapolación matemática conservadora —bajo el supuesto de un gasto equivalente por interno— permite estimar que el movimiento comercial de este tipo de recintos a nivel nacional podría haber superado fácilmente los $22 mil millones sólo entre enero y agosto de este año.

Las cifras analizadas por Bío Bío Investiga permiten dimensionar el alcance económico que tendrá una nueva política adoptada por Gendarmería de Chile, que —invocando razones de seguridad— resolvió restringir a solo 23 categorías la nómina de productos autorizados para su comercialización al interior de los establecimientos penitenciarios que cuentan con economatos.

La disposición alcanza a 33 recintos penales del país —23 tradicionales y 10 concesionados— que mantienen formalmente este servicio en sus dependencias. Sin embargo, para estos últimos la resolución contempla un procedimiento especial y paulatino de implementación, atendidas las obligaciones contractuales que las empresas operadoras mantienen con el Estado.

En concreto, de acuerdo con documentación revisada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, artículos como diarios, revistas, prendas de vestir y cigarrillos —anteriormente contemplados en los reglamentos de los recintos penitenciarios— quedaron fuera de la nueva nómina autorizada por Gendarmería. “Esto, en particular por el tema de los cigarros, podría hacer proliferar el contrabando”, sentencia una alta fuente consultada por esta Unidad de Investigación que conoció al dedillo la realidad penitenciaria.

Un millonario negocio

De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, tenidos a la vista por esta Unidad de Investigación, entre enero y agosto de 2026 las 10 cárceles concesionadas registraron ventas acumuladas por más de $9.321 millones. Se trata de una cifra que incluso podría ser superior, considerando que el último informe del establecimiento penitenciario de Talca consigna únicamente las ventas acumuladas hasta junio de este año.

Como sea, los montos más considerables al Grupo 3, administrado por la Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A., vinculada a Vinci, cuyos economatos acumularon ventas por $3.315 millones. En detalle, $1.745 millones corresponden a Santiago 1, establecimiento que durante agosto albergó un promedio de 6.976 internos. Le siguen Puerto Montt, con $939 millones y una población penal promedio de 2.016 reclusos, y Valdivia, con $631 millones y 1.782 personas privadas de libertad.

En segundo lugar aparece el Grupo 2, operado por la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., controlada por Sodexo, que informó ventas brutas por $3.001 millones. El mayor volumen de ventas corresponde al CCP Biobío, con $1.063 millones, seguido del CCP Concepción, con $1.015 millones, y el Complejo Penitenciario de Antofagasta, con $924 millones. En cuanto a la población penal, este último recinto registró un promedio de 2.284 internos durante agosto, mientras que los establecimientos de Biobío y Concepción sumaron conjuntamente 3.713 reclusos, según los antecedentes del MOP.

Por su parte, el Grupo 1, a cargo de la Sociedad Concesionaria BAS S.A., integrada por Sodexo, Besalco y Sociedad de Concesiones Chile, reportó ventas netas acumuladas por $2.867 millones. El economato de Rancagua encabezó los registros, con $1.160 millones y una población promedio de 2.903 internos en agosto. Le siguieron La Serena, con $877 millones y 2.672 reclusos, y Alto Hospicio, con $831 millones y un promedio de 3.258 personas privadas de libertad.

A estos montos se suman los $138 millones informados por el economato del nuevo establecimiento penitenciario de Talca, administrado por la Sociedad Concesionaria Penitenciaria Talca S.A., cuyos accionistas son Constructora San José Chile S.A. y Operadora Norde Chile SpA.

A diferencia de los otros tres grupos, esta cifra comprende únicamente el período enero-junio de 2026, pese a que el informe de agosto confirma la continuidad del servicio. Durante ese último mes, el recinto registró una población penal promedio de 1.162 internos diarios, en medio de su proceso de poblamiento y puesta en operación.

Los montos, eso sí, corresponden a ventas acumuladas y no a las utilidades obtenidas por las empresas, cuya magnitud no puede determinarse a partir de estos antecedentes. Esto, porque los informes utilizan distintos criterios de presentación —ventas netas, brutas y totales—, lo que impide considerarlas cifras contables completamente homogéneas.

Fuente: Informes al MOP | Elaboración propia

Restricción a 23 categorías

La decisión de poner freno a la oferta en los economatos quedó plasmada en la Resolución Exenta N.º 7.292, del 23 de octubre de 2026, firmada por el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme. En el documento, al que accedió este medio, la institución invoca razones de seguridad, custodia y control administrativo para justificar una reducción y estandarización de los productos comercializados en los economatos penitenciarios. ¿El objetivo? Disminuir los riesgos asociados a su abastecimiento, administración y funcionamiento.

En concreto, la nueva disposición establece una nómina máxima de apenas 23 categorías de productos autorizados. Entre ellos figuran champú, acondicionador, jabón líquido, máquinas de afeitar desechables, desodorante, pasta y cepillos dentales, papel higiénico, pañales desechables, peines, escobillas plásticas para ropa, detergente, protectores diarios y toallas higiénicas femeninas. A estos se suman jugos, leche y sopas en polvo, azúcar, endulzantes, té e infusiones, café, agua con y sin gas y yerba mate.

Este último es un producto particularmente apetecido al interior de los recintos penitenciarios. “El consumo de mate es una cuestión cultural, menos mal no se lo van a quitar”, señala un conocedor de la interna penitenciaria.

Sin embargo, la misma fuente advierte sobre las eventuales consecuencias de restringir la venta formal de cigarrillos a través de los economatos, especialmente si Gendarmería aplica al pie de la letra la segunda disposición de la Resolución Exenta, que establece expresamente: “Prohíbase la adquisición de productos no autorizados, como asimismo la reposición o incorporación de insumos o productos distintos de aquellos contenidos en la nómina señalada precedentemente, cualquiera sea la modalidad de compra o abastecimiento utilizada”.

A su juicio, si los internos pierden la posibilidad de adquirir cigarrillos por los canales autorizados, buscarán otras vías para abastecerse. En ese escenario, advierte, el contrabando podría convertirse en la principal alternativa, favoreciendo la expansión del comercio informal al interior de las cárceles.

Auditoría pendiente

Como se señaló, la instrucción supone un cambio significativo respecto de la oferta contemplada anteriormente en los reglamentos de los recintos concesionados. Esto, porque además de cigarros, deja fuera de la nueva nómina artículos como diarios, revistas y prendas de vestir, además de restringir considerablemente las categorías de alimentos envasados y bebidas.

Eso sí, la medida no implicará la desaparición inmediata de los artículos excluidos. Gendarmería permitió continuar comercializando los productos que ya se encontraban disponibles o cuya adquisición había sido comprometida antes de la entrada en vigor de la resolución, hasta agotar sus existencias. Asimismo, dispuso que las jefaturas penitenciarias deberán establecer mecanismos de control para impedir nuevas compras de mercancías no contempladas en la nómina.

La disposición alcanzará a 33 establecimientos penitenciarios del país que cuentan formalmente con economatos, incluidos los 10 recintos concesionados y otros 23 administrados directamente por Gendarmería.

En el caso de las concesiones, su implementación deberá ajustarse a los procedimientos y obligaciones establecidos en los respectivos contratos, bases de licitación y reglamentos de servicio. Para ello, la institución instruyó considerar el proceso de aprobación de productos correspondiente al primer trimestre de 2027, lo que supone una aplicación diferenciada respecto de las cárceles tradicionales.

La resolución también ordena una auditoría a los economatos de todo el país, destinada a levantar información sobre su situación financiera, presupuestaria y operativa. El procedimiento deberá identificar, entre otros antecedentes, ingresos percibidos, saldos disponibles, montos comprometidos, adquisiciones y productos comercializados. Los resultados deberán ser consolidados y remitidos a la Subdirección Operativa, con copia a la Subdirección de Administración y Finanzas, a más tardar el 20 de noviembre de 2026.

La magnitud económica de esta actividad permite proyectar un escenario todavía mayor. Considerando que las 10 cárceles concesionadas concentraban aproximadamente el 42,5% de la población penal recluida del país a agosto de 2026 y registraron ventas por más de $9.321 millones durante los primeros meses del año, una extrapolación matemática —bajo el supuesto de un gasto equivalente por interno— sitúa el movimiento comercial potencial de los economatos a nivel nacional en torno a $22 mil millones entre enero y agosto.

Si ese ritmo de ventas se mantiene durante el último cuatrimestre, la cifra podría aproximarse a $33 mil millones al cierre de 2026. En todo caso, se trata de proyecciones teóricas y no ventas acreditadas de los 33 economatos, puesto que no toda la población penal tiene necesariamente acceso a este servicio (ni el mismo poder adquisitivo). Además, los antecedentes disponibles no permiten establecer cuánto gastan efectivamente los internos de las cárceles tradicionales. Dicha información podría estar disponible una vez culminen las auditorías a los economatos penitenciarios que encargó Gendarmería.

Bío Bío Investiga intentó tomar contacto con el área de Comunicaciones de Gendarmería, no obstante no fue posible obtener un pronunciamiento de la institución. Algunas de las concesionarias consultadas optaron evitar comentarios sobre las materias analizadas en este artículo al existir contratos con el MOP de por medio.