Con el fin de disminuir el déficit habitacional, el gobierno anunció que proyecta construir el 20% de las 100.000 viviendas comprometidas al año a través de soluciones industrializadas. En esa misma línea, un informe de Déficit Cero y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), indicó que, si bien esta industria podría aportar el 20% de la meta habitacional, hoy en día opera muy por debajo de su capacidad.
El estudio “Propuesta Fortalecimiento de la Vivienda Industrializada en la Política Pública Habitacional”, presentado por Déficit Cero y el Comité de Industriales de la CChC en la Feria Internacional de la Construcción Edifica 2026, detalló que, en Chile, la industria de la vivienda tiene una capacidad de 19.824 viviendas al año, con un potencial de hasta 24.240 unidades.
Felipe Montes, presidente del Comité de Industriales de la CChC, afirmó que “tenemos oferta disponible y una meta habitacional exigente, pero no estamos viendo resultados sostenidos”.
“La industrialización no puede seguir operando como una excepción; tiene que transformarse en una capacidad permanente de la política de vivienda. Eso exige que el Estado y la industria se ajusten al mismo tiempo para producir más rápido, con mejor calidad y menores costos”, añadió.
La investigación concluye que el problema no es tecnológico ni de falta de voluntad institucional, sino una desalineación entre la lógica industrial -basada en la estandarización- la producción en planta y el montaje rápido, y los marcos normativos, financieros y operativos vigentes, pensados para obras ejecutadas íntegramente en terreno.
Entre los principales nudos críticos identificados, figuran la doble revisión entre DITEC y SERVIU, que diluye la ventaja de tiempo de la industrialización; la incerteza en la demanda; los cambios normativos frecuentes que obligan a recertificar; los estados de pago basados en el avance físico en obra, que tensionan el flujo de caja de las empresas; y un tratamiento del IVA que encarece los componentes fabricados en planta frente a la construcción tradicional.
El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, comentó que “la vivienda industrializada potencia sus ventajas competitivas en la medida que aumenta su escala. Sin un volumen constante, las fábricas no pueden sostener su capacidad instalada, y eso implica un acuerdo público-privado y, sobre todo, certezas”.
“Distintos gobiernos han impulsado la industrialización, y la pregunta es qué pasos damos para que esa voluntad se convierta en una política pública que permita también apoyar la emergencia habitacional. En este sentido, un punto particularmente complejo es la forma de financiar este tipo de viviendas, especialmente en el contexto de la ley de presupuestos que se está discutiendo”, dijo.
Propuesta de hoja de ruta
En ese contexto, el análisis planteó una hoja de ruta para implementar las medidas sugeridas, que consiste en tres fases.
En primer lugar, sugiere una etapa de activación y señal al mercado, que se concentra en los primeros 100 días y toma como base las resoluciones publicadas por el MINVU en mayo de 2026, que incorporaron la industrialización en los llamados de este año y crear un índice de desempeño en postventa para las constructoras.
La segunda fase, de ajustes prioritarios entre 6 y 18 meses, apunta a reducir la incertidumbre y activar la inversión privada.
Entre sus medidas destacan permitir que los Serviu regionales aprueben soluciones industrializadas para evitar la doble revisión con Ditec, asegurar estabilidad normativa por dos a tres años, corregir el tratamiento del IVA sobre los componentes fabricados en planta, establecer un itemizado técnico nacional y crear instrumentos de financiamiento externo que permitan cubrir el pago de anticipos a las empresas industrializadoras.
La tercera fase, de integración programática en un horizonte de tres a cuatro años, busca consolidar estos métodos como un componente estructural de la política habitacional. Para ello, se propone llamados nacionales periódicos para proyectos industrializados, vincular de forma permanente los pagos a la producción certificada en planta, establecer una fiscalización diferenciada, incorporar revisores técnicos independientes y definir responsabilidades y garantías compartidas entre constructoras e industrializadoras.
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