Diputados de oposición cuestionaron el incremento en la remuneración del presidente Gabriel Boric, quien pasó de percibir un sueldo bruto cercano a los $7 millones a alrededor de $10 millones, tras recibir un bono asociado al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
Las críticas se dan en medio del actual escenario de déficit fiscal y del complejo contexto económico que enfrentan las familias.
El aumento, equivalente a unos $3 millones, fue explicado por el Gobierno como parte del sistema PMG, mecanismo que entrega incentivos económicos a funcionarios públicos cuando sus instituciones cumplen metas definidas por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Sin embargo, parlamentarios de oposición pusieron en duda la pertinencia y coherencia de la entrega del millonario bono al presidente Boric.
La diputada independiente de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, manifestó su molestia, señalando que “nos dijeron que venían a cambiar la política, a bajar sueldos y a terminar con los privilegios. Hoy vemos al presidente recibiendo un bono bajo el mismo sistema que prometieron transformar”.
En esa línea, cuestionó los criterios del incentivo. “La pregunta es inevitable: ¿cuáles son las metas que se están premiando cuando el país enfrenta un déficit fiscal significativo y un mayor nivel de endeudamiento?”, planteó, agregando que el problema radica en “la incoherencia y un estatuto administrativo que sigue premiando la permanencia sobre la eficiencia y los resultados reales”.
El diputado electo por Renovación Nacional, Francisco Orrego, fue más crítico y afirmó que el beneficio “es un cachetazo para el Chile real que sufre el costo de la vida”, emplazando al mandatario a “dejar de vivir en una burbuja de privilegios”.
Por su parte, la diputada electa del PDG Tamara Ramírez sostuvo que “es profundamente incongruente que el Presidente Boric reciba un aumento salarial en pleno contexto de un déficit fiscal, donde las familias enfrentan aumentos récord en tarifas, alimentos y transporte”.
En tanto, la republicana Valentina Becerra cuestionó la legitimidad del incentivo, señalando que “si efectivamente se alcanzó un 90% o más de cumplimiento de metas, ¿dónde están los resultados tangibles para la ciudadanía?”. Asimismo, advirtió que el déficit fiscal impacta directamente en áreas como la inversión pública, la educación y el bienestar de las familias.
Por último, los parlamentarios de oposición hicieron un llamado al Ejecutivo a revisar este tipo de decisiones y a priorizar, según indicaron, las necesidades de la ciudadanía en el actual escenario económico.
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