En materia de medicamentos, la seguridad no puede ser opcional ni relativizada.

En las últimas semanas hemos visto fiscalizaciones que detectaron la venta de medicamentos en locales no autorizados, incluyendo jarabes para la tos, analgésicos y gotas oftalmológicas. Más allá del debate comercial o regulatorio, aquí hay una pregunta de fondo: ¿Quién protege al paciente cuando un medicamento se vende sin control sanitario?

Un medicamento no es un producto cualquiera. Puede aliviar, pero también puede provocar efectos adversos, interactuar con otros tratamientos o agravar una condición si se usa de manera inadecuada.

Por eso su venta exige condiciones estrictas de almacenamiento, trazabilidad y, sobre todo, orientación profesional.

Cuando una persona adquiere un medicamento fuera de una farmacia autorizada, pierde esa garantía. No tiene certeza sobre su procedencia, sobre si fue almacenado correctamente o sobre si es adecuado para su edad, diagnóstico o tratamiento. En algunos casos, el riesgo puede traducirse en reacciones adversas graves o en el agravamiento de una enfermedad que pudo haberse tratado a tiempo.

Este no es solo un asunto normativo. Es un tema de salud pública.

Las reglas que rigen la dispensación de medicamentos existen para minimizar riesgos en un ámbito donde el margen de error debe ser extremadamente bajo. Cuando esas reglas se incumplen, no se debilita únicamente el marco regulatorio, se expone directamente a las personas. El desafío, por tanto, no es sólo sancionar, sino prevenir.

Se requiere fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación entre autoridades y reforzar la educación sanitaria para que las personas comprendan por qué es relevante adquirir medicamentos exclusivamente en establecimientos autorizados.

Como actores del sistema de salud, las farmacias tenemos también una responsabilidad activa. No basta con cumplir la normativa: debemos promover el uso responsable de medicamentos, facilitar la orientación profesional y colaborar con las autoridades para reducir los espacios de informalidad que ponen en riesgo a la población.

Proteger la salud de las personas exige coherencia y compromiso de todos: autoridades, sector privado y ciudadanía.

En materia de medicamentos, la seguridad no puede ser opcional ni relativizada. Está en juego algo mucho más importante que una discusión comercial: la confianza y el bienestar de quienes buscan alivio y tratamiento.

Eduardo Poehls Bustos
Gerente de Asuntos Legales y Corporativos
Farmacias Ahumada

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