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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El presidente Gabriel Boric recibió un bono de $10 millones anuales, aumentando su sueldo de $7 millones, a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) aplicado a servidores públicos. Este beneficio se dividió trimestralmente y corresponde al 18% de sus remuneraciones. Otros funcionarios también reciben una asignación anual del 30.6% por cumplir metas, con el PMG y convenios de desempeño colectivo.

Un bono que aumentó de $7 millones a $10 millones su sueldo, fue lo que recibió el presidente Gabriel Boric. En específico, se trata del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que aplica a todos los servidores públicos.

Según se indicó desde Presidencia, en el caso del mandatario, el beneficio estuvo distribuido de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025. Esto corresponde “a un 18% de las remuneraciones permanente”.

Igualmente, desde La Moneda precisan que “los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30.6% de sus remuneraciones, que considera dos incrementos asociados a cumplir metas (el PMG y los convenios de desempeño colectivo) y un componente base que se entrega a todos”.

El bono del presidente Boric

Información consignada por La Segunda revela que, en este caso, el PMG del Presidente de la República está relacionado con “ejecución de enfoque de género y gestión sustentable”.

En ese sentido, en 2025 se evaluó el cumplimiento de compromisos adquiridos por la administración en el año anterior. Así, se habría cumplido con el 99,44% de las metas 2024. Se midió eficiencia en la gestión, institucionalidad y la calidad de los servicios vinculada a transformación digital.

El primer punto, consigna el medio antes citado, está relacionado con equidad de género como —entre otros— la elaboración de un programa de trabajo para reducir/eliminar brechas de género en el Estado.

A lo anterior se suman iniciativas como “elaborar propuesta de criterios de evaluación con perspectiva de género en la selección de proveedores”. En tanto, la eficiencia institucional se trató de no concretar el gasto de operación en los últimos meses del años y avanzar en lo que el “Estado verde”.