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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara aprobó en general un proyecto para dar rango legal al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, consolidando así la política de Estado de buscar a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. La propuesta busca evitar cambios políticos al establecer el plan por ley.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que busca otorgar rango legal al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, iniciativa que apunta a consolidar como política de Estado la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

La propuesta fue respaldada por ocho votos a favor y una abstención, y abrió un plazo de una semana para la presentación de indicaciones, lo que permitirá continuar su tramitación legislativa.

En simple, la iniciativa busca que la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas sea una obligación permanente del Estado.

Un plan más allá de los vaivenes políticos

Actualmente, el Plan Nacional de Búsqueda funciona sobre la base de un decreto administrativo, lo que lo deja expuesto a eventuales modificaciones o retrocesos ante cambios de gobierno. El proyecto aprobado en comisión busca precisamente evitar ese escenario, estableciendo el plan por ley y asegurando su continuidad, estabilidad y permanencia en el tiempo.

En simple, la iniciativa busca que la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas no dependa de la voluntad política de turno, sino que se transforme en una obligación permanente del Estado, con reglas claras, recursos y responsabilidades definidas.

Los avances del Plan Nacional de Búsqueda

La discusión legislativa se da luego que en diciembre pasado, el Presidente Gabriel Boric recibiera el primer informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Se trató del primer balance oficial desde la creación del plan en 2023, documento que detalló los avances en la recopilación de información, acciones de búsqueda, participación de las familias y medidas orientadas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

En esa ocasión, el mandatario subrayó que el Estado tiene el deber de asumir de manera permanente la búsqueda de las personas desaparecidas. “Esta es una responsabilidad que nos compete como país y que debe proyectarse en el tiempo”, afirmó.

Avance legislativo de proyecto que busca establecer Pan Nacional por ley

Tras la aprobación en comisión, la presidenta de la instancia, la diputada Carolina Tello, valoró el avance del proyecto y el respaldo mayoritario que obtuvo. “Es una iniciativa estructural para el país y una obligación del Estado respecto de una deuda que aún persiste”, señaló, destacando que no hubo votos en contra y que el trabajo legislativo continuará para despachar la propuesta con celeridad.

La autora del proyecto, la diputada Lorena Fries, explicó que el objetivo central es proteger el Plan Nacional de Búsqueda de los vaivenes políticos. “Dar rango legal al plan permite que los cambios de gobierno no afecten una obligación legal del Estado de Chile”, sostuvo, recalcando que se trata de avanzar en la búsqueda, esclarecer los crímenes de desaparición forzada y contribuir a la verdad histórica.

Fries también advirtió sobre intentos por deslegitimar el plan, acusándolo de responder a motivaciones ideológicas, y emplazó al Ejecutivo a patrocinar la iniciativa y otorgarle urgencia para su pronta aprobación.

Desde las organizaciones de derechos humanos, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera Sánchez, recordó que la búsqueda sigue siendo una tarea pendiente. “Han pasado más de 50 años y seguimos buscando, porque fue el Estado el que hizo desaparecer a nuestros familiares y es el Estado el que debe hacerse responsable”, afirmó.

La Comisión fijó un plazo de una semana para la presentación de indicaciones, con miras a continuar la tramitación del proyecto en la Cámara.