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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La corrupción en el Poder Judicial es la principal preocupación para el 57% de los chilenos, según un estudio de Ipsos. La desconfianza en la justicia es profunda, con un 78% creyendo que los fallos están influenciados por el poder y el dinero, y el 75% considerando difícil acceder a la justicia sin recursos. Solo el 21% cree que las penas son proporcionales a los delitos. La Corte Suprema, Ministerio de Justicia y Ministerio Público son vistos como las entidades más corruptas. El Ejecutivo ha propuesto reformas. Casos como la trama Bielorrusa han impactado en la percepción de corrupción.

La percepción de corrupción en el Poder Judicial sigue consolidándose como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Así lo reveló un informe de Ipsos, donde un 57% de las personas encuestadas identifica la corrupción como el principal problema del sistema judicial en Chile, muy por sobre otras falencias como la lentitud de los procesos o la falta de fiscalización interna.

El estudio que fue realizado a 1.000 personas a nivel nacional muestra además una profunda desconfianza respecto del funcionamiento de la justicia en general.

Dentro de las cifras, se desprende que un 78% cree que los fallos judiciales están influidos por el poder y el dinero, mientras que el 75% considera que sin recursos económicos es muy difícil acceder a la justicia.

A esto se suma que solo un 21% está de acuerdo con que las penas aplicadas son proporcionales a los delitos cometidos.

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Esta mirada crítica se extiende a las principales instituciones del sistema de justicia.

La Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público aparecen como las entidades más asociadas a corrupción con un 57% y un 56% respectivamente, superando ampliamente su vinculación con conceptos de probidad, según los resultados del sondeo.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que comparten la preocupación de los demás poderes del Estado, por la valoración de la justicia nacional, sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo ingresó sendas reformas para revertirlo.

Mientras que la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, señaló que el caso Hermosilla fue un gran detonante para estas cifras.

Impacto de casos mediáticos

Respecto de casos específicos, la trama Bielorrusa, la ciudadanía apunta principalmente a la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría a jueces, empresarios, abogados y actores políticos, seguida por el impacto económico del pago de 17 mil millones de pesos por parte de Codelco, y la falta de controles internos que permitieran detectar irregularidades de manera oportuna.

José Manuel Díaz de Valdés, director del Doctorado en Derecho de la Universidad del Desarrollo, mencionó que dentro de todas las cifras negativas para el sistema, la trama Bielorrusa, ayudó a “limpiar” el Poder Judicial.

Finalmente, el estudio identifica medidas que contarían con amplio respaldo ciudadano para enfrentar la corrupción judicial, entre ellas levantar el secreto bancario de las autoridades judiciales, crear mecanismos de auditoría interna y canales seguros de denuncia para funcionarios del sistema, como vías para recuperar la legitimidad institucional.