La Subsecretaría de Pesca no es un cargo técnico más. Es una de las posiciones de mayor poder estratégico del Estado chileno, porque desde allí se decide quién accede a los recursos del mar, en qué condiciones y por cuánto tiempo. Sin embargo, la historia de los últimos 35 años demuestra que ese poder ha sido ejercido reiteradamente en favor de la gran industria pesquera, y no de los pescadores artesanales, ni menos del interés público.
El primer subsecretario de Pesca al volver a la democracia fue Andrés Couve, quien en una tramitación relámpago logró dejar sin efecto las licitaciones de cuotas industriales y entregar un regalo regulatorio de millones de dólares. Ese hecho marcó el inicio de una lógica que se repetiría una y otra vez: decisiones de enorme relevancia, tomadas con apuro, que terminaron consolidando privilegios para las llamadas siete familias hoy agrupadas en sólo cuatro empresas.
A fines de los años 90, durante la gestión de Juan Manuel Cruz Sánchez (1997–2000), se profundizó una práctica que hoy resulta imposible de justificar: la asignación administrativa de cuotas de pesca de investigación.
Esas cuotas, creadas para fines científicos, fueron utilizadas hasta hoy como base para las llamadas “cuotas históricas”, que constituyen una asignación directa -sin licitación- de las cuotas industriales en la Ley de Pesca de 2002 y, más tarde, en la ley de 2012. El daño institucional fue profundo: se transformó una excepción transitoria en una autorización permanente.
Así se fraguó la norma pesquera, con subsecretarios cuya cercanía con la industria fue cada vez menos disimulada. Felipe Sandoval jugó un rol clave en la instauración de las cuotas individuales transferibles, paso decisivo en la privatización del patrimonio pesquero. Su tránsito posterior a cargos directivos en la industria salmonera y pesquera confirmó que no se trataba de una coincidencia, sino de un diseño. Hoy es presidente de Sonapesca, el mayor gremio de la pesca industrial.
La promesa de corregir este modelo tampoco se cumplió. Pese al compromiso explícito de la presidenta Michelle Bachelet de cambiar la Ley de Pesca de 2012 -luego de comprobarse judicialmente el cohecho y el pago de sobornos que la rodeó-, el nombramiento de Raúl Súnico como subsecretario terminó dilatando cualquier avance. Su salida del cargo se produjo sólo cuando se hizo público que su esposa recibía pagos de Asipes, hoy Pescadores Industriales del Biobío.
Casos como Daniel Albarrán, vinculado a la salmonicultura; Pablo Galilea, férreo defensor de la pesca industrial y ejecutor político de la Ley Longueira; o exsubsecretarios que luego pasaron a representar abiertamente a la industria, configuran un patrón que no puede seguir normalizándose.
Por eso, frente a la configuración del próximo gobierno, el llamado es claro: la Subsecretaría de Pesca no puede seguir siendo una comisión de servicio encubierta para la industria pesquera. Chile necesita una autoridad independiente, sin conflictos de interés presentes ni futuros, comprometida con la sustentabilidad y con la defensa del mar como patrimonio de todos los chilenos.
Los más de 60 mil pescadores artesanales que representamos estaremos atentos. La experiencia nos ha enseñado que cuando la vigilancia ciudadana se relaja, el mar vuelve a repartirse entre los mismos de siempre.
Hernán Cortés
Presidente CONDEPP – Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero
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