Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis y Paula Labra, enviaron una carta al fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitando que se evalúe la pertinencia de iniciar una investigación penal de oficio contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
En concreto, los parlamentarios apuntan a los hechos de público conocimiento: la priorización de su madre por sobre otro paciente -que finalmente falleció- para un procedimiento médico. Celis y Labra advierten que esto podría revestir caracteres de delito, específicamente un eventual tráfico de influencias atribuido a la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
En la presentación, ambos señalan que la solicitud se formula “en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República”. Esto, con el objeto de que se analicen antecedentes difundidos por diversos medios de comunicación, que darían cuenta de una eventual intervención de la ministra en un hospital público para favorecer a un familiar directo.
Se expone en el documento, que de confirmarse los hechos, estos “podrían configurar una intervención indebida en un procedimiento regido por criterios objetivos de priorización sanitaria, alterando el normal funcionamiento de un servicio público esencial y afectando gravemente el principio de igualdad ante la ley”.
Además, la solicitud advierte que la gravedad institucional de lo ocurrido se ve incrementada por la investidura del cargo involucrado y por las consecuencias que se han informado públicamente.
En ese sentido, se consigna que “la prensa ha señalado que una persona que debía ser atendida con anterioridad habría fallecido, circunstancia que, de ser acreditada, torna indispensable un escrutinio penal serio, objetivo e independiente”.
Los diputados RN enfatizaron que la presentación se realiza “con pleno respeto a la autonomía constitucional del Ministerio Público y a las atribuciones exclusivas que el ordenamiento jurídico confiere a ese organismo”.
Asimismo, precisaron que en ningún caso se pretende interferir en las funciones de la entidad persecutora, sino poner en su conocimiento antecedentes que, por sus características, ameritan ser evaluados por la máxima autoridad del ente persecutor.
De esta manera, considerando la investidura de la persona eventualmente involucrada, los parlamentarios estimaron prudente que, en caso de abrirse una investigación, se evalúe el uso de las atribuciones del Fiscal Nacional para designar a un Fiscal Regional. Esto, ya que “dicha medida contribuiría a reforzar los estándares de objetividad, imparcialidad y confianza pública que deben presidir investigaciones de esta naturaleza”.
Finalmente, los diputados Celis y Labra recalcaron que “la ciudadanía exige que situaciones que puedan implicar el uso indebido de influencias en beneficio personal o familiar, especialmente en ámbitos tan sensibles como la salud pública, sean esclarecidas con total transparencia y rigor, sin consideraciones ajenas al mérito de los antecedentes ni al principio de igualdad ante la ley”.
Enviando corrección, espere un momento...
