La Superintendencia de Educación emitió un dictamen que extiende la aplicación de la Ley 21.128, conocida como Aula Segura, a los colegios particulares.
La medida busca “traer equidad” en los procedimientos de suspensión provisoria de estudiantes, estableciendo un marco común para todos los establecimientos.
Colegios particulares ingresan a Ley Aula Segura
Hasta ahora, un dictamen de 2020 permitía que los colegios particulares suspendieran de manera provisional a un alumno mientras se desarrollaba un proceso de cancelación de matrícula o expulsión, basándose exclusivamente en sus reglamentos internos.
Según explicó la autoridad, esta situación generaba tratos desiguales entre establecimientos, al no existir un marco legal uniforme.
En ese contexto, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, señaló que el objetivo del dictamen es resguardar el derecho a la educación de todas las personas, con independencia del tipo de establecimiento al que asistan.
“El derecho a la educación es igual para todos, independiente de la calidad administrativa del establecimiento, sea pagado, subvencionado o público. Nuestro deber es resguardar ese derecho en todos los casos”, afirmó.
Con este nuevo criterio, si un establecimiento suspende de manera provisional a un estudiante, deberá aplicar íntegramente el procedimiento establecido en la Ley Aula Segura.
Esto implica respetar plazos definidos y garantizar el derecho a defensa del alumno, sin distinción entre colegios públicos, particulares o subvencionados.
Tras la publicación del dictamen, los establecimientos deberán adecuar sus reglamentos internos a la Ley Aula Segura en un plazo de 90 días.
La medida permitirá unificar criterios con el resto del sistema educativo y fortalecer las facultades de los directores para aplicar sanciones en casos de violencia escolar, explicó el diputado socialista Arturo Barrios:
“Esta medida se aplica a los colegios particulares para unificar criterios, evitar tratos desiguales y fortalecer las facultades de los directores, permitiendo sanciones rápidas y efectivas dentro de un marco legal común”, sostuvo.
Desde la Superintendencia de Educación añadieron que el dictamen también apunta a enfrentar el prejuicio de que los hechos de violencia ocurren solo en establecimientos públicos, recalcando que se trata de una problemática transversal que afecta a todo el sistema educativo del país.
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