Sigue la polémica por la norma de “amarre” suscrita entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público para 2026. Esta jornada, la UDI anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el gobierno logre aprobar la medida en el Congreso.
En específico, la norma dispone de lo siguiente:
La no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables.
Este fin de semana, la bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública en contra del Ejecutivo, calificando su actitud en esta materia como “impropia, deshonesta e irresponsable“.
Mientras que durante esta jornada, los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri confirmaron que de aprobarse estas disposiciones, ingresarán un requerimiento ante el TC.
“La ley de reajuste al sector público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, al incorporar normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios, lo que está haciendo el Gobierno es transformar este proyecto en una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo“, señalaron.
De esta manera, advirtieron: “Si el Ejecutivo insiste en incorporar estas medidas en el proyecto de ley y logra aprobarlas con el apoyo del oficialismo, vamos a recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional, porque no vamos a permitir que por la puerta trasera terminen blindando a sus operadores políticos”.
Asimismo, reiteraron su llamado a los partidos de centro izquierda, en particular el PS y el PPD, a rechazar el punto más polémico del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público.
“No se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral”, insistieron.
“Lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder. Así que si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores, solo por una afinidad política e ideológica, no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso“, zanjaron.
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