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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Mañana, 3 de septiembre, es la fecha límite para el acuerdo sobre la compra de terrenos de la megatoma de San Antonio. La compra a través de cooperativas genera preocupación por el precio del metro cuadrado. Involucra a la inmobiliaria, el Minvu, la Municipalidad y la Subsecretaría de Interior. 10 mil personas en incertidumbre. Expertos ven como mal precedente si se concreta. Abogado de familias asegura que cumplieron solicitudes. Director de Criminología: el Estado no debe premiar a quienes incumplen la ley. Delegado presidencial busca acuerdo, pero hay plan de desalojo.

Mañana miércoles 3 de septiembre es la fecha final para llegar a un acuerdo en las negociaciones por la compra de los terrenos de la megatoma de San Antonio. Expertos adelantaron una “mala señal” por parte del Estado, en el caso de que se concrete la compra a través de cooperativas, donde las trabas se encuentran en el precio del metro cuadrado.

La Inmobiliaria y Constructora San Antonio SA., el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de San Antonio y la Subsecretaría del Interior deberán llegar a un acuerdo por los terrenos donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio.

Cerca de 10 mil personas se mantienen en incertidumbre ante la fecha límite decidida en la mesa técnica, la cual finaliza este miércoles 3 de septiembre.

Sobre el proceso, el abogado de 300 familias del sector, Rodrigo Valdés Alé, aseguró que sus representados han cumplido con todas las medidas solicitadas por las entidades estatales, además de solicitar la participación de los habitantes en la comisión.

No obstante, expertos abordaron la crítica situación que enfrenta la megatoma de San Antonio, manifestando un mal precedente en políticas públicas.

Carlos Guajardo, director del Diplomado en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, explicó que el Estado no debe “premiar” a quienes se saltaron la ley.

Yanino Riquelme, delegado presidencial regional, recalcó que la intención es llegar a un acuerdo, sin embargo, ya existe un plan operativo para realizar un eventual desalojo.

Según fuentes de La Radio, el proceso de desalojo y demolición, podría tardar cerca de 2 mil días, alrededor de cinco años.