La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, referida al uso de fuerzas militares para desmantelar organizaciones criminales extranjeras.
“El país es soberano y aquí ningún otro país puede… Por cierto, hay acuerdos firmados entre las policías, entre los centros de investigación, entre las propias Fuerzas Armadas, hay convenios. Pero que venga aquí un grupo de personas e intervenga, eso no corresponde ni aquí, ni en ningún otro país que se considere soberano“, dijo en conversación con Canal 13.
Asimismo, agregó: “No corresponde no más, no porque sea (un país) más grande o tenga más equipamiento… nosotros tenemos una buena relación, histórica, con EE.UU., hay convenios de traslado de delincuentes de un lado para otro, pero es Chile quien tiene que hacerse cargo de pedir los apoyos necesarios si los requiere, pero hasta aquí, toda la investigación lo hace Chile”.
Su declaración se suma a los dichos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este pasado viernes sostuvo que “Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas: que no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo”.
Trump autoriza en secreto matar a líderes de cárteles en Latinoamérica como Maduro y el Tren de Aragua
El viernes, el presidente de Estados Unidos, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para atacar, con la fuerza militar, a los cárteles en Latinoamérica y a quienes considera sus líderes, como Nicolás Maduro.
“La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles“, señala el The New York Times.
“La decisión de involucrar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña de la administración contra los cárteles”, añade.
El citado portal remarca que esta medida reafirma la voluntad de Trump de utilizar fuerzas militares para lo que se ha considerado principalmente “una responsabilidad policial” para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
Por el momento se desconoce qué han señalado los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado respecto a esta nueva directriz.
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