Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, deslizó este martes la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por la liberación del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez.
Esto, pues dos hipótesis que se manejan respecto a la liberación del imputado tienen que ver con un eventual error de tipeo en su nombre en la solicitud enviada a Gendarmería, o el hecho de que no contara con un RUT, que suele asignársele a extranjeros para este tipo de procedimientos.
Dichas posibles situaciones tienen que ver con labores del Registro Civil y Gendarmería; instituciones que dependen del Ministerio de Justicia. Por ello, el presidente de la Comisión apuntó a Gajardo.
Posible acusación constitucional contra ministro Gajardo tras liberación de sicario
“Las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen de un mismo ministro, el ministro de Justicia. Nuestros equipos legales e investigativos están estudiando este caso para llegar a las últimas consecuencias”, aseguró Alessandri.
“También están investigando si es que hay responsabilidad política del señor ministro de Justicia, para estudiar una acusación constitucional”, sostuvo el diputado.
Jaime Gajardo se refirió a tales declaraciones, asegurando que se están entregando todos los antecedentes correspondientes para esclarecer la situación que se trata de “un hecho grave y, en ese sentido, no tenemos ningún inconveniente, por así decirlo, con las acciones que estime pertinente el Parlamento”.
Respecto al eventual error de tipeo en el nombre del sicario, o el hecho de que éste no tuviera un RUT, el secretario de Estado señaló que en cualquiera de los dos casos, “si hubieran ese tipo de errores, no corresponde dejar sin efecto una medida cautelar“.
“Se tienen que estudiar todos los antecedentes. Gendarmería, según lo que a nosotros nos ha informado, ha actuado dando cumplimiento a las comunicaciones formales que le ha enviado el Poder Judicial. Y las comunicaciones formales que le ha enviado el Poder Judicial fue que ingresara a la persona a prisión preventiva y luego dejar sin efecto las medidas cautelares“, continuó Gajardo.
El ministro subrayó que en este caso es completamente inusual que se deje sin efecto una medida cautelar ordenada en una audiencia y mediante una resolución judicial, y que -peor aún- se deje sin efecto a través de una comunicación a Gendarmería.
“Eso a nosotros; a nuestro juicio, es algo que se va a tener que esclarecer dentro de la investigación que se está llevando adelante”, concluyó el secretario de Estado.
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