Una conversación entre el presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, interceptada en el marco del caso ProCultura, ha colocado al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el centro de una controversia.
La grabación, obtenida mediante una autorización judicial de escucha telefónica, ha despertado serias dudas sobre la legalidad de su origen y la veracidad de los antecedentes presentados por el Ministerio Público para justificar dicha interceptación.
Según lo que se ha conocido hasta ahora, la cronología de los hechos revela inconsistencias, especialmente en torno al +56 9 9824 xxxx, número propiedad de Huneeus, que nunca figuró en los registros telefónicos emitidos por las compañías respecto de Alberto Larraín Salas, el objetivo inicial de la indagatoria por el caso ProCultura y expareja de la mujer.
Cómo empezó todo
El 22 de enero de 2024, en el marco de la causa madre, el Ministerio Público solicitó a las compañías telefónicas —incluida Entel— información sobre los números asociados a una docena de personas de interés, entre ellas Alberto Larraín. La respuesta de Entel, fechada el 31 de enero, fue clara: Larraín tenía dos números asociados, +56 9 9789 5xxxx y +56 9 3864 1xxxx. Ninguno de ellos correspondía al número de Josefina Huneeus.
Una segunda respuesta de Entel, fechada el 1 de febrero, ratificó la misma información, agregando que el domicilio de Larraín se ubica en calle Bremen, Ñuñoa. Ni rastro del teléfono de Huneeus.
La Policía de Investigaciones, por su parte, también realizó diligencias entre el 2 y el 15 de febrero de 2024, sin encontrar indicios de que el número +56 9 9824 xxxx estuviese relacionado con Larraín.
La interceptación autorizada
Pese a los antecedentes oficiales, el 2 de octubre de 2024, el fiscal Cooper solicitó al tribunal autorizar la interceptación de múltiples números telefónicos. Entre ellos, sorpresivamente, se incluyó el de Josefina Huneeus. La autorización fue concedida bajo el supuesto de que ese número también estaría vinculado a Larraín.
La justificación llegó dos semanas después. El 16 de octubre, el Ministerio Público pidió mantener la interceptación sobre el número de Huneeus, adjuntando como único respaldo un certificado emitido por Equifax (Dicom), obtenido el 15 de octubre de 2024. Según ese documento, el número aparecía vinculado a Larraín, aunque no se acompañó ningún otro antecedente técnico o contractual que acreditara tal vínculo.
Incluso, según quienes conocen los antecedentes, la PDI y el propio Cooper habrían afirmado que era necesario continuar escuchándola, ya que, pese a que no era Alberto Larraín, sí existía información que ayudaría a esclarecer la historia detrás de ProCultura.
El vacío documental
La carpeta investigativa no contiene, hasta ahora, ninguna respuesta de Entel u otra compañía telefónica que respalde la inclusión del número de Huneeus como parte de los teléfonos de Larraín.
Por el contrario, en todas las respuestas anteriores al 13 de septiembre de 2024, Entel fue consistente en indicar solo los dos números ya señalados.
Tampoco hay constancia de que el Ministerio Público haya recibido, previo a la solicitud judicial de interceptación, alguna evidencia que permitiera sostener que el número de Huneeus pertenecía a un sujeto investigado.
¿Espionaje?
Dentro de las transcripciones realizadas por los policías y plasmadas en sus informes, aparecen Josefina Huneeus y el presidente Gabriel Boric conversando sobre el interés de ella en trabajar en temas de infancia. Pocas semanas después, fue contratada por el Servicio Mejor Niñez, lo que ha levantado suspicacias.
El hecho de que una conversación presidencial haya sido captada en una investigación que no tenía al mandatario como objetivo, ni contaba con respaldo documental suficiente para interceptar ese teléfono, abrió la puerta a diversas teorías, incluso dentro del propio Poder Judicial.
Algunos apuntan al rol de la PDI en estas decisiones, especialmente considerando la cercanía que la psiquiatra mantenía con el jefe de Estado. Para algunos, el interés no era solo saber qué pensaba sobre el caso ProCultura, sino también sobre otras investigaciones sensibles.
Otros, en cambio, argumentan que en causas por lavado de activos, infracciones a la ley 20.000 o vínculos con casos de corrupción, es habitual que los fiscales pidan interceptar teléfonos no directamente asociados al imputado. Bajo esa óptica, ven la decisión de Cooper y su equipo como una práctica extendida, no como espionaje.
Lo que falta por aclarar
Hasta ahora, el fiscal Cooper no ha entregado explicaciones públicas sobre cómo se llegó a interceptar el teléfono de Huneeus. Quién sí explicó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue el fiscal Eduardo Yáñez sobre cómo se incluyó el teléfono de Huneeus.
Al respecto, dijo que simplemente una abogada de la Fiscalía lo habría extraído del Dicom de Alberto Larraín, por lo que se decidió incluirlo.
La defensa de Huneeus ha cuestionado abiertamente la legalidad de la interceptación y no descarta iniciar acciones judiciales contra quienes resulten responsables por vulneraciones a la privacidad y abuso de poder.
Lo cierto es que esta jornada se conocerá la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, luego que la defensa de Huneeus presentara un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la resolución de octubre de 2024 en que se autorizó la interceptación de su teléfono.
Mientras tanto, el caso deja una pregunta abierta: ¿se trató de un error, una omisión, o del uso deliberado de herramientas legales para fines que exceden la persecución penal?
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