“El hecho que la persona respecto de la quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche moral, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia”.
Así versa el último de los dos portazos que recibió el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, al intentar “pinchar” el teléfono del presidente de la República, Gabriel Boric.
De acuerdo a información tenida a la vista por BioBioChile, el persecutor que hoy enfrenta un proceso de remoción en la Corte Suprema por el caso de Karol Cariola, intentó en noviembre de 2024 interceptar las llamadas entrantes y salientes del mandatario en el marco de la investigación por millonarios traspasos de instituciones públicas, principalmente gobiernos regionales, a Procultura.
A través de un escrito de 26 páginas, Cooper le dijo al Juzgado Garantía de Antofagasta que sus sospechas estaban basadas en una conversación entre una de las directoras de la fundación con una mujer de nombre “Lucía”. Esta última, según la intervención telefónica, asegura que Alberto Larraín dijo haber desembolsado dineros en favor de la campaña presidencial de Boric.
En su solicitud, el persecutor también expuso la relación de amistad entre Larraín y el jefe de Estado; además del vínculo con su expareja, Irina Karamanos, quien trabajó para la fundación.
Respecto del psiquiatra, Boric incluso pretendió ungirlo como ministro de Desarrollo Social. Pero, según escuchas contenidas en la investigación, fue Izkia Siches quien bloqueó ese nombramiento.
Dos duros portazos
Sea como sea, Cooper recibió dos duros portazos a sus pretensiones de intervenir el celular de la máxima autoridad del país. El primer revés lo sufrió el 13 de noviembre de 2024, cuando la justicia —al igual que como ocurrió en su intento de allanar La Moneda en su indagatoria por la fallida compra de la casa de Allende— consideró insuficientes sus argumentos.
Cinco días después, Cooper volvió a la carga frente al tribunal antofagastino, al ingresar un recurso de reposición. La solicitud se replicó en los mismos términos que la primera, lo que redundó en un nuevo rechazo del juzgado.
“No se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas [de Boric]”, reza la resolución.
Y agrega:
“El hecho que la persona respecto de la quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche moral, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia”.
Según fuentes conocedoras de las pesquisas, los antecedentes reunidos por Cooper respecto del presidente Boric se limitan a la conversación ya citada, pero no existe información financiera contable que pudiera respaldar esa teoría. De ahí que la justicia no permitiera la medida intrusiva.
Distintos son los casos de los aportes a candidatos donde sí hay registros. Tal como reveló BBCL Investiga, se trata de Sebastián Balbontín (quien postuló a alcalde de Limache y a core por Revolución Democrática y luego el Frente Amplio, pareja de Larraín); y de Elizabeth Aguilera (quien postuló a la convención constituyente por Independientes No Neutrales).
En ambos casos, la Fiscalía cuenta con el registro de aportes y la triangulación de dineros que fue develado en un primer artículo de este medio.
Expareja de Larraín acusa espionaje
Pese a que el teléfono de Boric no ha sido “pinchado”, sí hay una conversación del mandatario en la carpeta investigativa. Se trata de un diálogo que tuvo con la expareja de Larraín, Josefina Huneeus.
Ella está en calidad de testigo en la causa, pero aun así su teléfono fue intervenido, por lo que presentó un recurso de amparo durante la jornada del viernes. Esto luego de que se revelara el diálogo que tuvo con el presidente.
En el diálogo, el jefe de Estado dijo sobre Larraín que “(él) jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye que interesante este proyecto’ como no sé”.
“Saqué todos mis celulares antiguos pa’ ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que… O sea, yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso”, también señaló.
Con esta acción judicial, la defensa de Huneeus acusa “espionaje” e ilegalidad de la interceptación de la llamada de su clienta con el presidente. Por ello, buscan invalidar tres resoluciones del Juzgado de Garantía local que autorizaron y renovaron la “interceptación ilegal” del teléfono de Huneeus
Enviando corrección, espere un momento...
