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Señor Director:
Semanas atrás en una tensa votación (y pese a la insistencia de la Subsecretaría de Pesca y de representantes del Ejecutivo por suspender la votación en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén), se rechazaron, con 34 votos contra cero, dos solicitudes de espacios costeros para pueblos originarios donde 40 personas solicitaban prácticamente todo el litoral de la Región de Aysén.
Hoy, hemos conocido que las comunidades volvieron a judicializar esta segunda votación con un nuevo recurso frente a la Corte de Apelaciones de Aysén.
Por otra parte, en una solicitud birregional de las regiones del Biobío y La Araucanía, por falta de quórum y operando el silencio administrativo, se dio por aprobado un espacio de 44.000 hectáreas.
Y en la Región de Los Lagos, tras un proceso que duró 15 años, donde pese a existir acuerdos previos suscritos entre comunidades solicitantes, pescadores artesanales, y la salmonicultura para ser incluidos dentro del plan de administración, el 23 de diciembre se aprobó el plan de administración de la ECMPO Mañihueico Huinay, donde se excluye deliberadamente a la salmonicultura.
Esto, luego de un proceso opaco, con una denegación sistemática de información por parte de la Subsecretaría de Pesca, y tras una serie de desprolijidades administrativas que dejan un manto de duda respecto a la validez de acuerdos suscritos de buena fe y, más grave aún, respecto a la voluntad real de la autoridad de contar con procesos transparentes y hacer cumplir la ley.
Estos casos son claros ejemplos de amarres y desprolijidades administrativas que muestran una vez más la urgente necesidad de revisar la Ley Lafkenche, estableciendo mecanismos que garanticen procedimientos transparentes, plazos razonables y el respeto a los acuerdos alcanzados entre las partes.
La ausencia de estas garantías no solo perjudica a un sector productivo fundamental para la economía regional y nacional, sino que genera un clima de desconfianza en las instituciones que es prioritario corregir, y más grave aún, son acciones que quiebran el tejido social, la convivencia y las confianzas de un país que requiere con urgencia de marcos regulatorios claros, justos y predecibles.
Tomás Monge
Gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile
