El diputado y precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, descartó cualquier tipo de conflicto tras la publicación de un reportaje que apuntaba a una presunta inhabilidad constitucional en la que habría incurrido, por una sociedad de la que formó parte.
En concreto, The Clinic incluyó a Mulet en un listado de parlamentarios que habrían concretado -de forma directa o indirecta- contratos con el Estado, estando en sus funciones. Algo que el precandidato refuta, asegurando que evalúa “una acción civil de difamación, si esto me genera daño político o daño de cualquier naturaleza, a mí o a mi mujer”.
Recordemos que el citado medio sostuvo que Mulet dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir como diputado. Una firma que obtuvo beneficios de municipalidades y servicios públicos por cerca de $2 millones gracias a una radio en Vallenar, entre octubre de 2017 y enero de 2018.
Además, se dice que si bien se retiró de la compañía, su esposa Flavia Torrealba quedó como contralora de la misma.
Al respecto, el diputado expresó que “no hay ninguna situación que signifique alguna inhabilidad constitucional o ética. No hay nada de nada. Es un reportaje que hace algunas observaciones, pero no hay ninguna dificultad, ni de orden legal, ni de orden ética”.
“Para mayor ahondamiento, salí de esa sociedad el día 8 de abril, como consta en los documentos que tengo del Servicio de Impuestos Internos. Vendí mi participación a una sociedad que se llama Inversiones San José, de la que también es socia Flavia Torrealba, que era socia también en la radio. Y no hay ninguna dificultad de ninguna naturaleza, ni ética, ni jurídica, ni constitucional. De manera que en esto creo que hay un problema de rigurosidad en el reportaje, donde tratan de mezclarme en una situación que no tengo absolutamente nada que ver y que no tengo ningún tipo de inhabilidad”, explicó.
Mulet cuestiona reportaje sobre inhabilidades
Tras eso, sobre la prohibición que podrían tener familiares de parlamentarios de mantener contratos con el Estado, señaló: “Ese es un invento de alguien en el reportaje, eso no es así. Las normas constitucionales son de derecho estricto, no hay ninguna incompatibilidad”.
“Vendí mis acciones a una sociedad de la que forma parte Flavia Torrealba. Me casé con ella en segundas nupcias, es una persona que tiene su patrimonio propio y yo el mío. Es una persona que siempre ha trabajado, que tiene sus ingresos, y la ponen ahí como que fuera una especie de mandada por mí”, sostuvo.
Además, indicó que “esos contratos que se señalan, que son dos o tres, se hicieron por Mercado Público, por medio de licitaciones. De manera que quienes los hicieron, que no fuimos obviamente nosotros, tampoco hicieron gestiones ni negociaciones, nada, porque son licitaciones donde tú aceptas o no te aceptan”.
“No hay nada y lamento la confusión que se ha generado en esta materia provocada por un medio que no ha sido riguroso a mi juicio”, insistió.
Finalmente, sobre si dejó la participación en dicha sociedad antes de asumir como parlamentario, respondió: “No, la dejé el día 8 de abril, pero no hubo ningún contrato desde que fui proclamado diputado el 2018, ninguno. Ni después del 8 de abril, tampoco. Antes hubo algunos, de $750 mil en el mes de septiembre del 2017. Entonces no hay nada, ninguna inhabilidad”.
“Los desafío a que vayan al Tribunal Constitucional o a donde quieran. (…) Y reitero, estoy estudiando una acción civil de difamación, si esto me genera daño político o daño de cualquier naturaleza, a mí o a mi mujer”, cerró.
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