Tras darse a conocer el fallo del Tribunal Constitucional, que cesó de su cargo a la senadora Isabel Allende (PS) por firmar un trato con el Estado para vender la casa de su padre, diversos han sido los cuestionamientos a la decisión, la que para el Gobierno deja un “precedente grave”.
En esa línea, The Clinic enumeró una serie de legisladores a los que podría afectar la norma por la que fue destituida Allende. Precisamente el artículo 60 de la Constitución, que define que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
El listado se compone en base a información de acceso público, no obstante, no todos los contratos estatales son públicos, y tampoco lo son la totalidad de las sociedades donde los parlamentarios tienen intereses. Aún así, da un antecedente importante de cara a las decisiones que deberá tomar el TC.
Parlamentarios involucrados en tratos con el Estado
El senador Juan Castro Prieto (PSC) es uno de los mencionados, ya que ha participado en una red de sociedades que incluyen a la Constructora Indemma, la que según órdenes de compra del Mercado Público, obtuvo más de $3 mil millones por parte de organismos públicos.
Otro es el senador Fidel Espinoza (PS), quien -hasta 2018- participó en la sociedad Difusora Fresia Limitada, la que obtuvo $14 millones de municipalidades de la región de Los Lagos.
No obstante, este último dice que permaneció como socio hasta ese año por un error de inscripción del trámite en el Registro de Comercio, y en realidad se habría retirado en 2005. “Jamás he recibido un peso”, afirmó.
También se menciona al precandidato presidencial Jaime Mulet (FRVS), quien dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir como diputado. Una firma que obtuvo beneficios de municipalidades y servicios públicos por la explotación de una radio en Vallenar, por cerca de $2 millones de pesos entre octubre de 2017 y enero de 2018.
Si bien Mulet se retiró de la compañía, su esposa Flavia Torrealba quedó como contralora, una situación que también podría ser analizada por el TC.
Ximena Ossandón (RN) también podría ser juzgada por la instancia -de presentarse un requerimiento-, pues está en una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa. Esta, según el citado medio, ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo desde que la diputada es socia.
Además, la empresa que tiene con su marido, Asesorías Paul y Cía. Limitada, firmó un contrato de cerca de $9 millones con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en 2010 para prestar asesorías. Al respecto, dijo: “Realizó efectivamente hace varios años una asesoría al Sistema de Empresas Públicas (SEP) en materia de Gobiernos Corporativos, tema en el cual él cuenta con mucha experiencia y una larga trayectoria”.
Finalmente, está el caso de Luciano Cruz-Coke (EVO), quien arrendaba una casa a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, en un trato que comenzó en 2015, antes de asumir como parlamentario.
El conflicto en el TC
El medio conversó con ministros del Tribunal Constitucional, señalando que estos ven dos posibles escenarios ante dichas revelaciones.
Primero, que el fallo contra Allende provoque una serie de requerimientos que podría derivar en más destituciones en el Congreso. Y segundo, que se de pie atrás a la destitución de Allende, dado que -recordemos- esta aún no es publicada desde el TC, y solo se dio a conocer gracias a filtraciones de prensa.
Sea como sea, la decisión del TC marcará un antecedente importante en materia judicial, pudiendo afectar a más parlamentarios de diversos sectores de la política.
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