El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aclaró que la decisión del Gobierno de entregar los antecedentes a la Corte Penal Internacional (CPI) por el Caso Ojeda es para sumarlos a la investigación por crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos que el organismo lleva adelante.
Así lo aseguró la mañana de este martes, luego de la promulgación de la Ley que Moderniza el Escalafón de los Agentes Policiales de la PDI, que encabezó el presidente Gabriel Boric.
Recordemos que en la víspera, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó en entrevista con 24H la presentación de los antecedentes ante el tribunal internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
En ese sentido, el subsecretario Cordero reiteró la postura del Gobierno respecto a la principal tesis del Ministerio Público en relación con que el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, en febrero de 2024, fue ordenado por el régimen de Nicolás Maduro.
De hecho, actualmente hay 10 personas formalizadas y un condenado por este caso. De ese total, tres se encuentran detenidos fuera de Chile, a la espera de su extradición para enfrentar a la justicia en nuestro país.
Al respecto, el subsecretario Cordero enfatizó en que “la investigación respecto de ese crimen se está desarrollando en Chile respecto a aquellas personas que son responsables, que se encuentren localizados en Chile o que se encuentren en el extranjero. En el caso de ellos, ha solicitado sus extradiciones”.
“Esto por qué es tan relevante, porque la competencia de la Corte Penal Internacional es una competencia complementaria, es decir, en aquellos casos donde los países no llevan a cabo sus investigaciones, interviene en la Corte Penal Internacional”, explicó.
“Por lo tanto, lo que Chile ha anunciado es que va a poner a disposición de la investigación actualmente vigente en el caso de Venezuela que lleva la Corte Penal Internacional, por graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, de la cual quiero recordar que Chile es parte, es uno de los solicitantes en el caso de esa investigación”, apuntó.
En esa línea, Cordero insistió que la entrega de antecedentes a la CPI “no es para que la Corte Penal Internacional investigue el caso Ojeda, porque ese es un caso que se está investigando en Chile, sino que como consecuencia de la investigación del Caso Ojeda, pueden proveerse antecedentes que son extremadamente útiles en el contexto de la investigación que lleva la Corte Penal Internacional en el caso de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela”.
Asimismo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, insistió en que “como Gobierno hemos sido clarísimos, a nosotros nos preocupa profundamente lo que ha señalado el Ministerio Público como tesis que tiene de investigación, que este crimen se realizó por un encargo, en el cual están involucrados altas autoridades del Gobierno de Venezuela, contra una persona que tenía el carácter de refugiado político, para precisamente callar a una persona que tenía una motivación política, por ende, nos parece algo gravísimo”.
En entrevista con 24H, la autoridad reiteró que “si esta tesis del Ministerio Público se llega a comprobar efectivamente en los tribunales, lo que hemos señalado es que no solo sería algo que tiene muy pocos precedentes en las relaciones internacionales, sino que además constituye una grave violación a nuestra soberanía, una violación a los derechos humanos y, por cierto, también a la víctima, ya que fue una víctima de carácter político”.
No obstante, Gajardo también sostuvo que es importante mantener las relaciones diplomáticas con Venezuela, más allá del Caso Ojeda y la entrega de antecedentes a la CPI.
“Consideramos que un país en el cual tantas personas que residen de origen venezolano en nuestro país, es importante tener relaciones consulares para resolver sus vidas diarias. Cosa completamente distinta es el hecho de que efectivamente se compruebe que un Gobierno extranjero fue el que encargó un crimen en nuestro país con motivación política”, concluyó Gajardo.
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