Un año del secuestro de Ronald Ojeda: el caso que conmocionó a Chile y tensó relaciones con Venezuela

Se cumplió un año. 364 días han pasado desde que fue secuestrado desde un departamento en la comuna de Independencia el exteniente venezolano y disidente del chavismo, Ronald Ojeda.

El refugiado político fue asesinado y enterrado en una toma ubicada en la comuna de Maipú, hecho que dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema ante el crimen organizado y abrió un flanco político internacional que se extiende hasta el día de hoy.

Un año del secuestro de Ronald Ojeda

“Te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar, busco consuelo en los recuerdos hermosos que compartimos, siento que de alguna manera sigues caminando con nosotros”. Con esas palabras recordó hoy Josmarghy Castillo a su pareja que hace exactamente un año fue literalmente arrebatado de su lado por lo que parecen ser motivación políticas.

La trágica noticia encendió las alertas en las autoridades por el violento y preparado secuestro de un ciudadano venezolano que se encontraba en calidad de refugiado político en nuestro territorio nacional.

El hecho ocurrió en la comuna de Independencia, en medio de la madrugada del 21 de febrero del 2024, cuando un grupo de hombres caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta la conserjería de un edificio ubicado en calle El Molino buscando a Ronald Ojeda, ex teniente venezolano que se declaraba opositor al régimen de Nicolás Maduro.

Los supuestos policías irrumpieron en su departamento sacándolo apenas en ropa interior, siendo los últimos minutos en que su familia lo podría ver.

Días después, solo apareció su cuerpo sin vida, enterrado en la toma “Santa Marta”, en la comuna de Maipú, encontrado con claras señales de tortura, enterrado en una maleta a 1.4 metros de profundidad bajo una capa de cemento.

El crimen consternó al país entero por el poder con el que actúa el crimen organizado. Sin embargo, el caso contaba con muchas más cosas llamativas en lo subterráneo.

Investigación

Según ha podido establecer la investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Sur, liderada por el fiscal Héctor Barros, no habría sido un crimen aleatorio de una banda transnacional, o un simple ajuste de cuenta, sino que los sangrientos hechos tendrían tintes políticos por una presunta participación del régimen venezolano.

El abogado querellante en representación de la familia, Juan Carlos Manríquez, se refirió a los últimos avances de la investigación, considerando que se podría llegar pronto a un juicio oral cuando sean extraditados los detenidos que se encuentran fuera del país.

Cabe recordar que unas semanas antes del crimen, Ojeda -pese a tener calidad de refugiado político en Chile- viajó de forma clandestina a Venezuela para participar de una operación que buscaba derrocar a Nicolás Maduro.

Sin embargo, esta supuesta misión no tuvo éxito, por lo que su nombre se incluyó en una lista de traidores y su ejecución -según ha sostenido la Fiscalía- habría sido ordenada por autoridades del gobierno, como lo es el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

Detenciones y sospechosos

En detalle, el fiscal Barros precisó a mediados de febrero que junto a Carabineros y la PDI han logrado la detención de 24 personas en el marco de esta causa, las que se mantienen “en prisión preventiva y formalizadas”. Asimismo, indicó que se ha logrado “individualizar a 32 personas” que habrían participado de alguna forma en el crimen.

Sin embargo, según también explicó el fiscal Héctor Barros, hay 16 personas identificadas con participación directa en el caso, de los cuales se estima que 7 están en Venezuela lo que complicaría su procesamiento judicial.

El caso también le ha significado ciertas críticas al Ejecutivo, considerando que Ronald Ojeda se encontraba en el país en calidad de refugiado político, por lo que algunos apuntan a que es impresentable que el Estado no pudiera proteger la vida de un perseguido político.

Hoy la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó un balance de lo que se ha avanzado en el caso durante este año, destacando que el Estado cumplió en todos aquellos aspectos que se mandata para el trato de refugiados políticos.

Alexander Granko: el “torturador de Maduro”

Hay quienes incluso han propuesto a que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), debido a las preocupantes vulneraciones de seguridad e inteligencia que ha dejado entrever este caso.

Es más, se dice que uno de los últimos hallazgos de la investigación tiene relación con la presunta participación de Alexander Granko en el crimen de Ronald Ojeda.

¿Quien es? Se trata del apodado “torturador de Maduro”, también conocido como “El Barba” o “carnicero”, que parece constantemente mencionado en los informes de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas que registra las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país caribeño.

La sospecha del equipo de Fiscalía es que el alto funcionario lideró el secuestro y posiblemente fue uno de los sujetos que subieron hasta la vivienda del exteniente, ya que según los registros del edificio había uno de los secuestradores que se distinguía porque sus movimientos corporales y modo de actuar parecía al de alguien con entrenamiento militar.

El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, es uno de los impulsores de que se convoque al Cosena debido a la gravedad de los antecedentes que se han conocido.

Si bien el caso lleva poco menos de un año judicializado, ya hay una persona condenada: se trata de un entonces menor de 17 años, que fue condenado por un procedimiento abreviado a 5 años de reclusión en régimen mixto, los dos primeros años en régimen cerrado, y los otros 3 en régimen semicerrado.