En el entramado de la política penitenciaria chilena, Gendarmería de Chile encarna una paradoja persistente: no obstante, se define legalmente como servicio público, se proyecta simbólicamente como una institución uniformada. Esta dualidad revela una identidad híbrida que exige una reflexión profunda.
Desde sus orígenes, la institución ha forjado su identidad a través del isomorfismo institucional —Powell y DiMaggio— adoptando doctrinas castrenses de forma contingente, más por imitación que por estrategia deliberada. Este isomorfismo, en sus formas coercitiva (presiones políticas, como las de la dictadura), mimética (emulación de instituciones castrenses) y normativa (formación de funcionarios), ha priorizado la legitimidad simbólica por sobre la coherencia funcional.
Su internalización obedece a un proceso histórico que se refuerza en rituales como la entrega de espadines, los desfiles y demás ceremonias castrenses. Algunas de ellas respaldadas incluso por altas figuras políticas como el Presidente de la República o sus ministros, que constantemente presiden los eventos de egreso o juramentos.
Lejos de ser actos protocolares, estas escenificaciones performan la legitimidad institucional, consolidan jerarquías y sitúan al funcionario en una narrativa de autoridad que trasciende sus tareas operativas. En términos de Butler y Goffman, Gendarmería “actúa” su lugar en el ecosistema de seguridad, produciendo subjetividades que refuerzan imaginarios colectivos.
Uno de los ejemplos más elocuentes de esta identidad híbrida es la evolución del uniforme institucional. Según se constata evolutivamente, los frecuentes cambios en las normas sobre vestuario, sus componentes, colores y accesorios —algunos emulando a instituciones de orden y seguridad, otros desviándose de tales tradiciones— no responden a una planificación estratégica, sino a impulsos contingentes, muchas veces informales, que reflejan una estética institucional sin rumbo claro.
Aunque esta lógica fomenta la cohesión interna del personal a través del prestigio simbólico, subestima los efectos adversos que la disciplina castrense —útil en entornos de alto riesgo como el control de motines o la seguridad en penales— puede tener sobre los fines utilitarios de la pena en un contexto democrático. La estética de autoridad, cuando no se acompaña de una racionalidad técnica, puede tensionar los principios de reinserción y respeto por los derechos fundamentales.
Hoy cuando los problemas de gestión, corrupción y sobre carga del sistema se hacen cada día más patentes urge revisar sus dinámicas y lógicas institucionales. Sin ir más lejos la Cuenta Pública 2025 del Ministerio de Justicia, ha resaltado la gran cantidad de población penal que tiene el sistema. Allí se indica que el sistema cerrado alcanzó a las 59.833 personas, generando una sobrepoblación del 142,49% en un sistema diseñado para 41.992 plazas. Este colapso sin duda agrava los problemas de habitabilidad, violencia y narcotráfico, los que, sumados a las amenazas a funcionarios y situaciones críticas de falta de personal, nos ponen frente a una situación casi insostenible.
No obstante lo evidente del problema, la esfera política ha profundizado dicha ambigüedad introduciendo en su arquitectura institucional, competencias investigativas que no le son propias y ubicando a este servicio, en espacios de asesoramiento político en consejos de seguridad que operan en el nivel nacional y regional. Estas decisiones podrían no ser inocuas y acentuar su inclinación por el control y la seguridad sin resolver su esencia híbrida.
Críticamente, observamos además cómo las políticas recientes han priorizado medidas reactivas por sobre la modernización de la gestión. Ejemplo de ello son los allanamientos masivos —56 operativos en las 81 unidades penales entre 2022 y 2025, incluyendo intervenciones simultáneas en 36 cárceles— y el endurecimiento del régimen penitenciario. Sin mayor cuestionamiento se ha ido omitiendo del discurso público el interés por la reinserción social y en contrapartida se planifican secciones y cárceles de máxima seguridad en todo el país, incluyendo las nuevas normas sobre uso uniformes diferenciados para reos de alta peligrosidad y medidas como el aislamiento prolongado.
Aunque estas acciones buscan contrarrestar el crimen organizado, su enfoque reactivo —sin resultados comprobados en la reducción de la violencia interna, ni en los índices de reincidencia— podría inclinar el devenir de Gendarmería hacia un modelo más punitivo, alejándola de su rol social y reforzando una estética securitaria.
Por estas razones, antes de considerar un eventual traslado de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública —como plantean debates recientes— es urgente avivar una discusión seria en torno a: ¿Qué institución queremos para la operatoria penitenciaria en nuestra sociedad? ¿Qué perfil deben tener sus funcionarios? y ¿Cómo integrar el legado simbólico sin comprometer la coherencia funcional?
La problemática actual sobre la identidad institucional y su dependencia dentro del entramado público no es solo un problema operativo menor: es una invitación a políticos, académicos, funcionarios y organizaciones civiles a abrir un debate público sobre el diseño del sistema penitenciario chileno. El Plan Estratégico Institucional (2023–2026) y los estudios académicos disponibles ofrecen insumos valiosos para una reflexión transversal que articule técnica, ética y simbolismo.
Solo así transitaremos de lo contingente a lo estratégico, construyendo una política penitenciaria que no solo administre el encierro, sino que habilite caminos de justicia y reparación.
Luis Vergara
Abogado
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