La iniciativa creó un sistema simplificado o especial, donde el Servicio de Impuestos Internos deberá declarar que se persigue posibles delitos tributarios y haga una solicitud a tribunales para revisar la cuenta bancaria en cuestión.

La Comisión de Hacienda resolvió la controversia para permitir el levantamiento del secreto bancario en el proyecto de obligaciones tributarias y aprobó un mecanismo especial que permite la apertura de cuentas por posibles delitos tributarios.

Acuerdo que se alcanzó con una condición puesta por la oposición: que el contenido se maneje bajo reserva, e incluso, quedó aprobado que el Servicio de Impuestos Internos debe destruir los antecedentes si se comprueba la inocencia de las personas o entidades investigadas.

La Comisión de Hacienda continúa tramitando hasta total despacho el proyecto de obligaciones tributarias y se aprobó -con votos de la derecha- la propuesta del gobierno para el levantamiento del secreto bancario.

La iniciativa creó un sistema simplificado o especial, donde el Servicio de Impuestos Internos deberá declarar que se persigue posibles delitos tributarios y haga una solicitud a tribunales para revisar la cuenta bancaria en cuestión.

De cumplirse con los requisitos, se da la orden para que el banco entregue la información en un plazo máximo de 45 días.

Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, apuntó la arista más relevante: que para aprobar el levantamiento, el gobierno cedió aspectos a la derecha para conseguir sus votos.

Una de las aristas centrales era la publicidad o reserva de lo que se encuentre en cuentas bancarias investigadas: se definió que será en reserva absoluta y si se comprueba la inocencia de la persona, el SII tiene un plazo de 30 días para destruir la información.

Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, dio su voto a cambio de este alcance.

Según el diputado independiente-Partido Por la Democracia, Carlos Bianchi, el gobierno cedió “demasiado” con el objetivo de mostrar un logro político y hacer avanzar la iniciativa.

Bianchi agregó que la derecha “está contenta” porque se mantuvo la reserva de los antecedentes.

Un asunto clave por resolver aún es la Norma General Antielusiva y la discusión legislativa sobre si la aplicación de esta ley debe ser de carácter administrativo -en el Servicio de Impuestos Internos- o de carácter judicial.