El magistrado defendió su decisión citando normas de la ONU, entre las que se recomienda “mantener vínculos sociales afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares” para los reclusos.
La decisión del juez Daniel Urrutia de autorizar la realización de videollamadas a reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, ha generado una ola de críticas.
La acción que pretendía llevar a cabo el magistrado iba en beneficio de siete reclusos, de los cuales al menos tres pertenecen al Tren de Aragua y otros dos están involucrados en el crimen del Cabo Palma.
La medida se paralizó temporalmente por la intervención de Gendarmería, que interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de alzada solicitó al juez Urrutia un informe, antes de confirmar si corresponde anular o mantener su autorización.
En el documento, presentado este viernes, Urrutia defendió su decisión y citó normas de la ONU, entre las que se recomienda “mantener vínculos sociales afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares” para los reclusos.
El magistrado argumentó que “existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias” y en esos casos “se autorizaron las videollamadas”, agregando que todos los imputados “deben ser tratados de acuerdo al principio de inocencia”.
Gendarmería critica beneficios otorgados por juez Urrutia
En conversación con Radio Bío Bío, el subdirector operativo (s) de Gendarmería, Luis González, criticó la medida y enfatizó que va contra los intereses del Estado.
“El principal objetivo es que él no tenga contacto de manera descontrolada con el exterior, para que no pueda seguir manteniendo su organización criminal ni cometiendo nuevos delitos. Ese es el fin último”, sostuvo.
“Por lo tanto, esta resolución va en sentido contrario de lo que hoy día el Estado de Chile necesita”, indicó la autoridad.
En la misma línea, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, criticó la resolución y dijo que este tipo de “licencias” se deben erradicar.
“Estamos en presencia de un juez que tiene un juicio de realidad delictual alterado, vale decir, él no logra dimensionar la gravedad de la situación país respecto al crimen organizado”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que “el Estado debe estar justamente dando señales inequívocas en materia del combate al crimen organizado”.
Previamente, el presidente de la Asociación de Magistrados, Alejandro Vera, señaló que esas medidas no deberían aplicarse a este tipo de internos.
“Si son personas de alta peligrosidad, que además tienen condiciones de aislamiento, obviamente no se puede decretar este tipo de medidas”, indicó en Radio ADN. Sin embargo, aclaró que la Corte de Apelaciones es el tribunal encargado de determinarlo.
