“Dicha diligencia es ilegal”. Con esas palabras, la jueza Michel Ibacache zanjó el debate sobre si la declaración del imputado Eduardo Lagos Herrera —pieza esencial para el Ministerio Público en el caso Muñeca Bielorrusa— podrá ser utilizada en el juicio oral. Había sido una serie de faltas del actuar de la Fiscalía durante la diligencia lo que llevó a la magistrada a tomar la decisión. Los fiscales presentes se mostraron inquietos, y uno de ellos no dudó en presentar un recurso de reposición, el que fue rechazado por improcedente.
Había sido una audiencia larga, en que la jueza había criticado una y otra vez a la Fiscalía por actuar de forma perjudicial hacia la defensa. No era la primera vez que la magistrada adoptaba un tono duro con el ente persecutor: en la audiencia de formalización de los mismos imputados, en noviembre del año pasado, fue ella misma quien acusó a la Fiscalía de estar improvisando, al incluir nuevas diligencias en la misma instancia.
Quienes por el momento se veían satisfechos dentro de la sala eran los abogados defensores, quienes susurraban con complicidad. Estos eran el abogado Sergio Contreras —en representación del también abogado Mario Vargas—, Marcelo Abujiar —en representación de Lagos— y Jorge Valladares —en representación de la destituida suprema Ángela Vivanco—. La alegría no duraría tanto, sin embargo, ya que perderían la siguiente batalla del día, negándose la jueza a sacar a Lagos de prisión preventiva.
En la acalorada audiencia, se discutió sobre quién tenía la culpa de las filtraciones a medios de comunicación, se acusó a la Fiscalía de estar dilatando las diligencias solicitadas por la defensa y se denunció que el documento presentado en la carpeta como declaración de Lagos no era fidedigno a lo manifestado por el imputado. Los detalles a continuación.
Filtraciones: investigación y culpa
Desde el inicio, los ánimos de los presentes ya se encontraban inquietos, y es que la audiencia había comenzado alrededor de una hora y media tarde por un error de Gendarmería. El imputado Lagos —único que asistía de forma presencial— no se encontraba en la sala, debido a una confusión con el horario. Finalmente, cerca de las 11 de la mañana, la audiencia comenzó, tomando la palabra el abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras. Su objetivo era solicitar a la jueza que se protegieran los derechos de su representado, específicamente, que se evitaran las filtraciones a los medios de comunicación.
Su solicitud dio paso a una acalorada discusión entre el Ministerio Público y los abogados defensores, en que ambas partes se apuntaban como responsables de las filtraciones de diligencias clave de la investigación, como la propia declaración de Lagos. Incluso, en un momento, fue el propio Contreras quien llamó a que los abogados presentes entregaran sus celulares para ser periciados, y así zanjar el asunto.
La jueza Ibacache, quien durante la discusión había cuestionado a la Fiscalía por filtraciones que parecían provenir de la institución, acogió la cautela de garantías presentada por el defensor de Mario Vargas, y ofició a la Fiscalía Nacional para que designe a un fiscal que investigue las filtraciones en esta causa, las cuales calificó como “extremas”. Primer strike para el Ministerio Público.
Diligencias retrasadas
El segundo vino con otra solicitud del abogado Sergio Contreras, quien acusó a las entidades públicas a cargo de coordinar diligencias de demorarlas cuando eran solicitadas por la defensa, pero realizarlas en cuestión de días cuando eran requeridas por el Ministerio Público.
Como ejemplo, señaló que en noviembre se solicitó que se enviara a la defensa una lista de personas que hayan ingresado a las oficinas de Vargas y Lagos —documento que debía entregar el jefe de Servicios Generales del edificio—, pero que aún no había sido remitido. Desde el Ministerio Público argumentaron que el trabajador aún no la había enviado, y que la tardanza no respondía a una intención de perjudicarlos.
Sin embargo fue la propia jueza quien interpeló al fiscal para preguntarle por qué se estaba dando prioridad a las diligencias de la Fiscalía en desmedro de la defensa, exigiendo que, en adelante, se otorgue la misma prioridad a las solicitudes de los defensores.
La declaración ilegal
Uno de los puntos más esperados de la audiencia llegó cuando le tocó el turno al abogado de Eduardo Lagos, Marcelo Abujiar, quien solicitó a la jueza mantener esa parte de la jornada con reserva, haciendo que los periodistas y camarógrafos que observaban desde el segundo piso de la sala se retiraran.
La discusión de ese momento versaba sobre si la declaración de dos días que se le había tomado a Eduardo Lagos los pasados 6 y 7 de enero —y que había sido pieza esencial para dejar a los imputados en prisión preventiva— había seguido los conductos regulares y, por lo tanto, si ese documento podía ser utilizado en el juicio oral. De acuerdo con la defensa, el documento presentado al imputado para su firma no representaba fielmente lo que él había declarado, y no se le habría permitido hacer correcciones, negándose entonces a firmarlo.
La declaración se había dado en el contexto de una solicitud de la defensa de Lagos —que en ese momento estaba a cargo de otro abogado—, buscando un acuerdo de colaboración, mediante el cual el imputado entregaría información a cambio de sustituir su medida cautelar de prisión preventiva y obtener una eventual rebaja de pena.
El 6 de enero, lo fueron a buscar al Recinto Penitenciario Capitán Yáber y lo trasladaron al OS7 de Carabineros, comenzando a las 13:20 una declaración que duraría ocho horas. De acuerdo con lo argumentado por el abogado de Lagos en la audiencia, no se le habría permitido declarar todo lo que quería, impidiéndosele incluso usar documentos que había llevado para respaldar sus dichos. Asimismo, se le habría mantenido todo el tiempo con esposas y grilletes que le provocaban dolor, pese a solicitar varias veces que se los retiraran, según consta en una querella por apremios ilegítimos presentada contra el fiscal Marco Muñoz Becker.
Al día siguiente, lo fueron a buscar nuevamente, comenzando su declaración a las 15:00, la que se extendió por casi tres horas. Al terminar le habrían entregado el documento impreso para su firma. Sin embargo, en vez de firmar, el imputado habría tomado un lápiz y comenzado a tachar y corregir algunas partes, argumentando que lo que aparecía en el papel no correspondía a lo que había declarado. “Yo esto no lo firmo”, habría indicado en la ocasión, dando por terminada la sesión.
En la audiencia, el abogado Marcelo Abujiar recalcó la obligación de la Fiscalía de registrar fielmente lo sucedido en una diligencia, argumentando que en este caso el documento que fue integrado a la carpeta y cuyo contenido fue difundido en medios de comunicación, no era un reflejo de lo que había ocurrido ese día. Cuestionó el hecho de que en ninguna parte de la carpeta se aclarara que en la práctica había dos documentos distintos con contenidos diferentes: uno con la declaración impresa por el Ministerio Público, y otro con las enmiendas realizadas por el imputado.
Por ello, el abogado instó a la jueza a preguntarle al fiscal si efectivamente existieron dos actas distintas sin eso transparentarse en la carpeta, ante lo cual el persecutor habría respondido afirmativamente.
Asimismo, el defensor llamó la atención sobre que el Ministerio Público haya señalado no existir grabaciones de una declaración tan relevante, punto en el que la jueza coincidió, indicando que la mayoría de los fiscales sí registra estas diligencias, especialmente cuando son tan importantes para el caso.
El abogado también puso el foco en discrepancias entre los horarios consignados en el informe de la Fiscalía y el parte de Carabineros respecto de la duración de la declaración del segundo día, apuntándolo como un nuevo error de la Fiscalía que hacía cuestionar la claridad del registro de los hechos de ese día.
Tras la discusión, el peso de la magistrada Ibacache nuevamente se inclinó hacia la defensa, poniendo énfasis en su rol de jueza de garantía y afirmando que efectivamente se habían vulnerado las garantías fundamentales de Lagos, señalando que el Ministerio Público no puede incurrir en situaciones como la descrita.
En su resolución, indicó que no haberle permitido enmendar el contenido de la declaración constituía una vulneración a sus derechos, y que fue el propio fiscal quien reconoció en audiencia la existencia de dos declaraciones distintas. Por ello, declaró la diligencia ilegal y afirmó que no podrá ser incorporada en el juicio oral.
Lo que sí se podría hacer, indicó la magistrada, es utilizar como testigos a quienes estuvieron presentes durante la diligencia.
Enviando corrección, espere un momento...
