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¿Acaso el presidente es un funcionario más cuyo cumplimiento de su vital función se mide por la misma escala del funcionariado público? De ninguna manera.
En los años 90 una oleada de eficientismo recorrió el aparato público, principalmente impulsado desde el Ministerio de Hacienda, en particular desde la Dirección de Presupuestos que encabezaba Mario Marcel. Se inventó el Programa de Mejoramiento de Gestión, a través del cual las diferentes instancias públicas se establecen metas a alcanzar, cumplimiento que luego se mide para determinar qué porcentaje de cumplimiento de ellas se ha logrado en un año y, asociado a dicho cumplimiento, hay un estímulo económico, que se agrega al sueldo.
Al principio sonaba bonito y por algunos años fue un cierto estímulo a un mejoramiento de la gestión. Pero, con el tiempo, el mecanismo se pervirtió porque no son instancias externas a la burocracia las que miden el cumplimiento, sino ellas mismas, a través de una serie de indicadores.
Por ejemplo, uno de ellos, es participación. Muchas veces vi en algunas instituciones que, aproximándose el final de año, el porcentaje de cumplimiento de este indicador era bajo, por lo cual rápidamente se organizaban talleres, reuniones, seminarios, muchos de ellos sin ton ni son y de los cuales tampoco se recogía lo que de allí saliera. Es decir, se hacían sólo para aumentar el porcentaje de cumplimiento y, por lo tanto, el tamaño del bono. Mal.
Un segundo vicio que muchas veces se puede observar, tanto a nivel del gobierno central como en municipalidades, es que buena parte del trabajo por el cual se paga el bono de cumplimiento no lo hace el personal de planta, sino el personal a contrata o a honorarios.
Algunos de éstos incluso haciendo a veces trabajos que están fuera de sus términos de referencia, pero que sus jefes de planta se lo piden como “gauchada” para poder cumplir los PMG. ¿Y quién le va a negar tal “gauchada” a un jefe del cual depende la continuidad de tu contrato, que puede ser terminado por ese jefe en 24 hrs?.
¿Alguien denuncia tales anomalías? ¿Quién puede ser el “valiente” que se atreva a eso?. Prácticamente nadie. Y, para mal de males, los únicos que tienen derecho a recibir el bono del PMG es el personal de planta, no los de contrata ni de los que están a honorarios. Todo mal.
Creo que el gobierno que está por asumir tiene que enfrentar este grave problema, que ahora ha alcanzado notoriedad porque el propio presidente de la república recibe un bono PMG, que yo no lo sabía y simplemente no lo podía creer.
Que lo hayan recibido otros presidentes antes no lo valida tampoco. Me parece simplemente absurdo. ¿Acaso el presidente es un funcionario más cuyo cumplimiento de su vital función se mide por la misma escala del funcionariado público? De ninguna manera.
Además del hecho de que quienes le fijan las metas y las miden son subordinados suyos, gente que el presidente o presidenta ha designado y puede despedir. Pude ver, además, que la forma en que se le establecen los indicadores no puede ser técnicamente peor; en sociología llevamos años aprendiendo a definir indicadores válidos y confiables y es un arte de no menor importancia, si uno quiere medir lo que efectivamente quiere y necesita medir.
Sería de la mayor importancia que el gobierno que va a asumir le meta el diente a este espinudo problema. Va a ser atacado por la burocracia y los partidos de su oposición como operación de persecución del funcionariado y va a tener que saber enfrentar eso. Pero tendrá apoyo ciudadano.
Los sueldos hoy del funcionariado público no tienen nada que ver con la media de los que existían en los noventa, que eran bastante más bajos. Soy de los creen que en realidad son demasiado altos, teniendo en cuenta la distribución del ingreso en el país. Por lo que entrar a la burocracia pública ha devenido tener acceso a un verdadero botín. Encima de eso poner bonos millonarios incrementa la distorsión salarial.
Si va a haber un sistema tipo PMG, tiene que existir una instancia externa a la burocracia pública que establezca las metas y los indicadores precisos y confiables que permitan su medición objetiva, y la que lleve a cabo esas mediciones debe ser otra instancia diferente de aquella.
Y, además, la validación de los dictámenes de esta instancia externa debiera ser realizada por la Cámara de Diputados, como parte de su función fiscalizadora. El sistema debe incluir no sólo bonos de estímulo sino también un sistema de sanciones, algo así como las “listas de calificación” del desempeño funcionario (pero sin sus defectos y distorsiones, que también las tiene).
En un país en el que trabajé hace años haciendo consultorías para el Banco Mundial descubrí que tenían un Ministerio de Metas, adscrito a la Presidencia de la República, con un pequeño, pero muy eficiente equipo técnico, cuya única tarea era hacer el riguroso seguimiento cotidiano de la gestión del aparato público para cumplir las metas del gobierno, por lo que daba cuenta directamente al presidente. Me pareció una excelente práctica y que pudiera ser complemento de lo que sugiero antes. En nuestro caso podría radicarse esa función en el Ministerio de la Presidencia.
