Fuerzas de oficialismo y de centro izquierda, plantearon que un posible acuerdo entre las pymes y el Gobierno, podría forzar al gran empresariado a ceder en el marco del llamado "pacto fiscal".
A partir del lunes se echa a andar un ajetreado julio en el Congreso Nacional en materia legislativa, en que el gobierno se autoimpuso la labor de presentar una serie de iniciativas: Ninguna más importante -en todo caso- que la insistencia de la Reforma Tributaria.
En el ejecutivo le llaman ‘Pacto Fiscal para el Desarrollo’, porque efectivamente incluye más medidas que el proyecto de ley: Esta semana la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, acercó a 15 organizaciones de pyme sus propuestas para el sector.
La creación de un mono-tributo lidera el planteamiento: los nuevos emprendimientos y los que quieran formalizarse, accederán a un sistema simplificado que reemplace a otros impuestos como el IVA o el impuesto a la renta.
Los primeros 12 meses habrá una reducción del 100 por ciento, los seis meses siguientes del 50 por ciento y un 25 por otros seis meses más.
Raúl Soto, diputado PPD de la Comisión de Hacienda, valora la dimensión técnica pero no deja de poner el acento en lo político: En efecto, no son pocos quienes creen un acuerdo total con las pymes, puede ayudar a ablandar la postura del gran empresariado.
Soto destacó que haya propuestas concretas para incentivar la formalización.
En la oposición no han querido referirse a esta propuesta. Lo cierto es que solo hace falta mirar la tramitación de la fallida Reforma Tributaria, para ver que en Chile Vamos pedían medidas para reducir el empleo informal y junto a iniciativas como el proyecto de compras públicas, son medidas sentidas en el sector.
Pero el problema es la estrategia de fondo. Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, que integra la Comisión de Hacienda, dice que las medidas temporales serán insuficientes y que La Moneda debe cambiar de mirada.
Para las pymes, las propuestas del gobierno fueron bien recibidas. Quizás el alcance principal es que efectivamente se concreten, pero hace rato vienen pidiendo que se mire al extranjero para ver qué han hecho países que tienen menos del 2 por ciento de informalidad, como el caso de Estonia.
Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, pide tomarse en serio medidas concretas para detectar la evasión, la elusión y la informalidad y entrega una cifra: Más de 2 millones y medio de personas, son informales.
El diputado DC, Ricardo Cifuentes, fue uno de los parlamentarios que insistió en la Comisión de Hacienda, en que un acuerdo con las pymes era vital para el avance de la rechazada reforma.
Cifuentes dice que este esfuerzo va en la dirección correcta.
El tema mayor es conversar con el gran empresariado. Hubo versiones de lado y lado y una carta de por medio: La cuestión es como incorporar actores como la CPC, cuando su diagnóstico es tan distante del ejecutivo en torno a la necesidad de una mayor recaudación.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se permitió tocar el tema en su presentación en ENELA, el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía, centrado principalmente en la situación de seguridad y su impacto en la economía local.
Tohá dijo que no solo este gobierno llegó a la conclusión de que el gasto público estaba superando la necesidad de recaudación.
Desde la Cuenta Pública Presidencial que el desafío está sobre la mesa. En julio, el gobierno hará uso de la insistencia en el Senado, cuatro meses después de que la Reforma Tributaria fuera rechazada en la cámara.
Necesita dos tercios, por lo que la necesidad de incorporar tanto al gran empresariado como a la oposición política será fundamental para acumular el alto quorum que abriría el camino para llegar al ansiado nuevo pacto fiscal.
