Gobierno sostiene que expulsar un migrante puede costar hasta 2,7 millones de pesos

Esta tarde sesionó la Comisión Investigadora de Criminalidad de la Macrozona Norte, con el fin de recibir a las autoridades de gobierno para que se refirieran a sus actos relativos a la estrategia para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y sus consecuencias.

A la ocasión estaban citados la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el director Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, siendo este último el único que participó de la instancia.

En la sesión se le consultó al director de inmigraciones sobre los costos que significan para el Estado las expulsiones de los inmigrantes ilegales, a lo que Luis Eduardo Thayer respondió que aproximadamente 2 millones 700 mil pesos en los destinos más lejanos.

Según informó el director del servicio de migraciones, se han expulsado 140 personas en lo que va del año, lo que ha tenido un costo de 300 millones de pesos.

El diputado independiente y presidente de la comisión, Jaime Araya, calificó de preocupante la cantidad de dinero que está costando el expulsar a los inmigrantes ilegales, llamando a trabajar en medidas preventivas para evitar llegar ese punto.

En la comisión también se discutió sobre cambiar la tipificación de la inmigración ilegal para convertirla en delito, como lo propone un proyecto en el Congreso, una reforma a la que Thayer se mostró contrario por las dificultades que significaría para los procesos administrativos de las expulsiones.

El diputado de RN José Miguel Castro, miembro de la comisión, argumentó sobre el por qué es importante la tipificación de la inmigración ilegal como delito, interpelando al director del servicio de inmigración.

Para esta tarde está puesta en tabla para la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, una modificación a la Ley de Migración y Extranjería, que busca agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión, como carta certificada o por correo electrónico, para facilitar los métodos de notificación.