Desde RN el diputado Andrés Longton apuntó directamente al Presidente para que tome la determinación cumpliendo la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. "Si (Luis Castillo) vuelve a cometer un delito... ¿de quién va a ser responsabilidad?", inquirió. En tanto, desde la DC le pidieron abiertamente al Mandatario dar marcha atrás con los beneficios mal fundados hablando de revocarlos y en la mesa directiva del PS una legisladora se abrió a apoyar las medidas que subsanen - particularmente - el caso de Castillo, hoy libre con cinco condenas y 26 causas judiciales en su prontuario, la mayoría previas al estallido social.
El presidente Gabriel Boric incendió con sus más recientes indultos el fin de año político 2022: aunque en un inicio eran 11, finalmente fueron 13: 12 de los llamados “presos del estallido” más el exfrentista Jorge Mateluna.
Pero los prontuarios de algunos beneficiados, principalmente el de Luis Castillo (cinco condenas, con el saqueo y ataque a un Registro Civil más 26 causas judiciales) desataron una nueva y ácida tormenta de críticas contra el Gobierno.
El fin de semana eso terminó con la salida del gabinete de Marcela Ríos desde el Ministerio de Justicia, que firmó los indultos; y también la de Matías Meza-Lopehandía, íntimo amigo y miembro del círculo de hierro del Mandatario en el segundo piso.
No obstante, la polémica está lejos de terminar.
Este lunes la vocera Camila Vallejo se refirió a la controversia y reconoció que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”.
En concreto, afirmó que se cumplió solo uno de los criterios establecidos para la movida (aplicar el indulto a delitos en el marco de las protestas), pero que no se apegaron al segundo: excluir a personas con “antecedentes complejos”, sin relación con el estallido.
Allí es donde entran a jugar las “desprolijidades” lamentadas desde palacio, que sacaron aún más ronchas tras la pauta.
¿Invalidar/revocar indultos?
Con los indultos, de paso, el Presidente también dinamitó la extensa y compleja negociación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la mesa de seguridad.
Con la delincuencia como la principal preocupación ciudadana en encuestas, la oposición estaba cediendo lentamente a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo e incluso estaban los ánimos para cerrar un texto a mediados de enero, cuando las conversaciones bordearían los dos meses.
Pero el jueves 29 de diciembre la UDI le dijo a La Moneda que si se avanzaba en los llamados presos del estallido el gremialismo retiraría su apoyo a la mesa.
Y como al día después se conocieron los indultos la oposición prácticamente completa se indignó y dejó la instancia, aunque su molestia solo ha crecido a medida que han pasado los días, especialmente con algunos de los prontuarios analizados y divulgados por la prensa.
Eso sí, la derecha quiere pelear la legalidad de los indultos e incluso que Boric los invalide.
Aunque Vallejo ya zanjó que eso no es posible por el derecho creado en materia administrativa, sumado a que en los documentos no hay vicios, por lo que se pueden considerar como legales, de todos modos en la oposición discrepan con esa postura, tal como argumentó el diputado Andrés Longton (RN).
“Ese decreto es ilegal, porque no reúne los antecedentes de (la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo) que establece la excepcionalidad para sacar a una persona que es un delincuente habitual que no puede ser sujeto a indulto”, partió.
“Para eso tiene que ser un acto fundamentado para que eso pueda cumplir y no se cumple con el decreto, por lo tanto es ilegal. Y como es acto contrario a derecho el Presidente tiene la facultad para poder invalidar ese acto administrativo”, aseguró.
Oficialismo se abre a buscar soluciones y la DC pide abiertamente revocar indultos
En medio de todo el malestar, este lunes un grupo de diputados de la UDI llegó hasta la Contraloría para ingresar un requerimiento a modo de impugnar la legalidad de los indultos. Entre los firmantes estaban Juan Antonio Coloma y Flor Weisse.
Pero en el oficialismo también se deslizó interés por, al menos en el caso más emblemático, buscar una solución que apacigüe los ánimos.
La diputada Daniella Ciccardini, de la mesa directiva del PS, es clara a la hora de decir que desconoce qué camino tomar en medio de todo el escándalo, aunque – consultada al respecto – se mostró a favor que Luis Castillo vuelva a la cárcel.
“Respetamos las facultades que tiene el Presidente (… pero) soy de Atacama y para nosotros es muy fuerte ver como una persona con ese prontuario hoy está fuera de las rejas”, dijo.
“En el caso de Castillo estoy tremendamente disponible que se puedan tomar las medidas correspondientes para poder subsanar esta situación”, agregó.
Desde la DC, en tanto, el tono fue más rotundo: que Boric revoque los indultos.
“A confesión de partes relevo de pruebas”, partió en un video el diputado Erik Aedo.
“Las declaraciones de la ministra Vallejo dan cuenta que al menos dos de los decretos de indulto no estaban bien fundados, por tanto lo que cabe es que el Presidente revoque esos decretos. Si no lo hace obviamente no va a quedar solo mal con la opinión pública, que ya lo rechaza en un 70%, sino que va a generar un mal precedente”, lanzó.
“Necesitamos que se revoquen esos decretos mal fundados, eso está esperando la ciudadanía. Y yo como diputado demócrata cristiano se lo pido”, complementó.
¿Acusación contra Boric?
Longton, al mismo tiempo, confirmó que la idea de una acusación constitucional contra el Presidente “está sobre la mesa”.
“Si (Castillo) vuelve a cometer un delito… ¿de quién va a ser responsabilidad?”, expuso.
“Precisamente de quienes tomaron esta decisión y si la están reconociendo la pregunta lógica es ¿por qué no vuelven atrás? (Boric) Puede invalidar los actos administrativos que sean contrarios a derecho, eso lo establece la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, está en el Gobierno”, remarcó.
“Porque el presidente, la ministra de Justicia y el Gobierno no leyeron los antecedentes que retrataban la peligrosidad del señor Castillo ¿quiere decir que las familias deben estar expuestas a la peligrosidad de ese tipo?”, inquirió.
En el oficialismo enfatizan en que la responsabilidad se cobró con el hecho que tanto Ríos como Meza-Lopehandía hayan salido del Gobierno y apuntan a dar vuelta la página.
En esa línea particular se manifestó el diputado Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Cámara.
Aunque reconoció que se trata de “un error evidente”, indicó que “ya no hay que darle más cuerda y mirar lo que viene, la mesa de seguridad”.
Mesa de seguridad
Ante la presión porque Boric dé pie atrás con los indultos, desde la UDI aseguraron que considerarán volver a la mesa de seguridad si el Gobierno revoca los beneficios entregados a Jorge Mateluna y Luis Castillo, junto a que se comprometa a abordar las urgencias de seguridad.
El diputado Henry Leal, por ejemplo, confirmó que la intención es real, bajo ciertas condiciones.
“Si al Gobierno le interesa mucho los tema de seguridad que actúe en consecuencia y deje sin efectos esos indultos. Recién ahí podríamos volver a conversar”, dijo.
Al otro lado, en el oficialismo aseguraron que si la oposición quiere mostrar su compromiso para impulsar una agenda de seguridad tiene que reintegrarse a la mesa.
La diputada Lorena Fríes (CS) cuestionó el compromiso de la UDI y aseguró que si se revocan los beneficios ellos pondrán otras condiciones para retornar, por lo que los llamó a reflexionar.
De todos modos en la UDI cuestionaron de vuelta la utilidad de la mesa de seguridad argumentando que sirve para orientar a los partidos de Gobierno, ya que Chile Vamos no requiere esta instancia para apoyar proyectos en esta materia.
Molesto por esa postura, el diputado de la bancada PPD Jaime Araya sostuvo que la mesa es fundamental para impulsar una agenda de seguridad y llamó a la oposición a dejar de darse “gustos políticos”.
Con todo, la oposición ingresará esta misma tarde una acusación constitucional contra Marcela Ríos, ya que por ley los ministros pueden enfrentar este tipo de acciones hasta tres meses después de la expiración en su cargo (artículo 52.e de la Constitución).
“Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella”, dice el texto.
