Mesa nacional de seguridad: tras 5 semanas de trabajo, acuerdo podría alcanzarse a mediados de enero

Esta semana debía ser la definitiva para que la Mesa por un Acuerdo Transversal en Seguridad definiera sus conclusiones y su hoja de ruta, pero entre parlamentarios de diverso color político no hay optimismo y se habla hasta de cerrar el proceso en la primera quincena de enero.

El Ejecutivo ya ingresó proyectos: iniciativas que crean el delito de extorsión y el de conspiración para cometer homicidio por premio o ánimo de lucro y, además, iniciativas que gravan la pena de los delitos de secuestro y porte de armas en lugares altamente concurridos.

El diputado Raúl Leiva (PS) dijo que el compromiso de trabajar cambios o el nuevo ingreso de una Ley Antiterrorista está entre los principales temas pendientes e indicó que de no ser esta, la próxima debe cerrarse el acuerdo.

¿Qué pide la oposición en seguridad?

La oposición ha pedido concreción de temas administrativos de corto plazo para concurrir con su firma al término del trabajo de esta mesa.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió que el Ejecutivo presentará proyectos “por fuera de la mesa” y dijo que el “acuerdo político” no podía esperarse.

El diputado Henry Leal (UDI) habló, por ejemplo, de cambiar el reglamento de uso de fuerza para el despliegue policial y militar.

PC pide no ventilar lo trabajado y junto a RN fijan prioridades

En el Partido Comunista han pedido que haya más recelo con comentar los contenidos del acuerdo antes de tiempo, para evitar poner en peligro una agenda común en seguridad que pueda avanzar rápido en 2023.

La diputada Alejandra Placencia (PC) prioriza los grandes temas: Ley de Inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad y el proceso para reformar las policías.

El senador Manuel José Ossandón (RN) dice que aún no hay “avances concretos” en la instancia, que se conformó el 21 de noviembre en La Moneda.

Ossandón planteó sus puntos: Fiscalías y jueces con foco terrorista y respaldo tecnológico a las policías, asegurando que el camino del Congreso por sí solo no resuelve la crisis.

$40 mil millones destinados

Son cerca de $40 mil millones los ya destinados a la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

Con eso se busca fortalecer el trabajo de siete instituciones entre las que destacan el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, PDI, Carabineros y Gendarmería.

Aún no ingresan las indicaciones al proyecto de inteligencia y en enero la oposición espera un avance real para el despliegue militar en control fronterizo.

Otra línea pendiente es despachar en el Congreso y ejecutar desde La Moneda un sistema más eficiente para las expulsiones administrativas de migrantes irregulares.