Los resultados del examen del Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño, relevaron brechas en la protección de derechos de la niñez y adolescencia en ámbitos como violencia, niñez indígena y en quienes se encuentran privados de su entorno familiar. Además, las observaciones del Comité también relevan los avances del país respecto de exámenes anteriores, pero pone énfasis en las deudas en dichos ámbitos, además de otros como niñez migrante, niñez con discapacidad, derecho a la libertad de asociación y manifestación y administración de la justicia.
En el marco del 90° ciclo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño, el Estado de Chile rindió, hace un par de semanas, su examen periódico sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en el país.
Lo anterior se enfocó en la revisión de las medidas adoptadas por el país para hacer efectivos los derechos que les reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), analizar los avances en el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones anteriores del organismo internacional.
En este escenario, el pasado 9 de junio el Comité de los Derechos del Niño dio a conocer sus observaciones y recomendaciones sobre aquel informe de Chile, relevando avances, pero también poniendo el acento en las deudas pendientes que siguen afectando a los niños, niñas y adolescentes.
Esto principalmente en los ámbitos relacionados con la violencia que les afecta; la situación de quienes se encuentran privados de su entorno familiar; niñez y adolescencia indígena; solicitantes de asilo, refugiados y migrantes; niñez y adolescencia con discapacidad, libertad de asociación y de reuniones; y la administración de justicia para NNA, en tanto víctimas e imputados.
Violencia institucional
En relación a la violencia institucional, y también en cuanto al derecho a libertad de asociación y manifestación, el Comité muestra “extremada preocupación” por el uso de la fuerza, violencia sexual, abuso, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros de Chile en protestas desde el estallido social. Con más de mil niños(as) y adolescentes afectados(as) y uso continuo de la fuerza, especialmente contra niñez en las escuelas y comunidades indígenas.
En este aspecto destacó el rol de la Defensoría de la Niñez y del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el seguimiento de casos de violencia y en la promoción de su investigación y reparación, pero establece su manifiesta preocupación por las escasas investigaciones y especialización de equipo jurídico en relación a la temática y en la falta evidente de avances en materia de verdad, justicia y reparación.
Además, el organismo recomienda establecer mecanismos de reparación en general y especializado en niñez mapuche, investigaciones exhaustivas que impidan la impunidad y favorecer la implementación en el Sistema de Garantías.
NNA bajo el cuidado del Estado
En cuanto a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, al organismo internacional le alarman los casos de muerte de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado y la situación de explotación y abuso sexual.
Si bien celebra el nuevo modelo de atención residencial (de los CREAD a residencias pequeñas con ambiente familiar), le preocupa que se repliquen, ahora a pequeña escala, las mismas vulneraciones que tenía el anterior modelo.
Por ejemplo, los reclutamientos de niñas en centros proteccionales para explotación sexual por grupos de crimen organizado, la falta de respuesta de la justicia y el aumento de casos de abuso sexual.
Recomienda, en línea con las peticiones que ha formulado la Defensoría de la Niñez al Gobierno de Chile, establecer una Comisión de Verdad, aumentar recursos para investigación y asegurar la reparación de las víctimas, entre otras medidas.
Protección reforzada
Por otra parte, el Comité observa una falta de medidas dirigidas a grupos de niños, niñas y adolescentes que necesitan de protección reforzada, como sucede en relación a NNA migrantes y en solicitud de refugio.
En la misma línea, apunta a la situación de los NNA pertenecientes a pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche; a una falta de una política integral de situación de calle; escaso de avance en el acceso a la salud de NNA con discapacidad y su inclusión educativa; una muy larga tramitación del proyecto de ley del Servicio de Reinserción Juvenil y las condiciones de los centros de detención.
Dentro de las otras áreas que el Comité apunta como urgencias, se recomienda acelerar la larga tramitación del proyecto de ley de Adopción; aumentar y controlar la asignación presupuestaria a la infancia, asegurando la participación de niñez y adolescencia en este ámbito.
A esto se suma el abordar el impacto del sector empresarial en los derechos de la niñez y medio ambiente; establecer un servicio de lucha contra la discriminación en municipalidades, eficaz y adecuado a niñez y adolescencia; abolir la Ley N° 21.128 (Aula Segura).
También se añade el adoptar una política de educación sexual integral; aumentar beneficios sociales y prevenir situación de calle; avanzar en medidas para garantizar un medio ambiente libre de contaminación para NNA; afrontar las brechas de aprendizaje ocasionadas por la pandemia; entre varias otras.
Participación de la Defensoría de la Niñez
La delegación chilena que viajó hasta Ginebra para entregar los antecedentes ante el Comité estuvo encabezada por el poder Ejecutivo (en quien recae la responsabilidad de la rendición), pero también le acompañaron representantes del Legislativo y Judicial.
Por su parte, y a instancia del Comité, asistió como invitada la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien, en cumplimiento de las funciones que le delega la ley, emitió dos informes, a solicitud del Comité, en que se explicitan las principales observaciones que, de manera directa, ha constatado la Defensoría de la Niñez en el ejercicio de sus funciones.
“Tomamos la oportunidad para entregar información adicional sobre temas que no abordan los informes del Estado y proporcionar información al Comité sobre cómo el Gobierno está implementando sus recomendaciones”, explicó Patricia Muñoz.
En cuanto a esta institución, el Comité también generó recomendaciones, relevando su rol, y la preocupación que le asiste por el escaso presupuesto asignado por el Ejecutivo y el proceso de destitución que debió enfrentar la defensora de la Niñez.
Por lo anterior se le recomendó asegurar la autonomía institucional y brindar recursos suficientes que permitan desempeñar su rol de manera eficiente, teniendo presencia en todo el país.
