En 2020, el Ministerio de la Mujer contabilizó 43 femicidios consumados a lo largo del año. De ellos, 16 habían realizado una denuncia previa por violencia intrafamiliar o agresiones similares. Seis contaban con medidas cautelares vigentes, como prohibición de acercamiento.
Algunos de los casos más mediáticos fueron el de la carabinera Norma Vásquez, joven asesinada por su expareja, quien pertenecía a la misma institución. O el de Katherine Ayala Ayala, asesinada por su conviviente solo unos días antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Loreto Franco, jefa de la Unidad en Violencia contra las Mujeres del Sernameg, cuenta a BioBioChile que “sin duda nos queda mucho trabajo, el cambio cultural forma parte del desafío que tenemos en el día a día en nuestro servicio y sobre todo poder llegar a la población más joven para que este cambio tenga raíces desde los más jóvenes hacia los más adultos”.
También se refiere a las nuevas medidas que se buscan implementar este año: pulseras para las mujeres que se encuentran dentro de alguna dinámica violenta y tobilleras electrónicas para los formalizados por violencia intrafamiliar.
“Muchas veces sentimos que siempre falta, que nunca es suficiente. Yo creo que con estas medidas vamos a dar un paso muy grande con respecto a la erradicación de la violencia contra la mujer”, manifiesta.
Cuando la denuncia no alcanza
Según cifras recopiladas por BioBioChile, 1 de cada 3 femicidas fue denunciado por su víctima antes del crimen. Los 16 casos (de un total de 43 oficialmente registrados por el Gobierno) son variados y alcanzaron diversa notoriedad, pero todos tienen algo en común: todas las afectadas alertaron que algo les podía pasar. Y les pasó.
Ana Viveros Echeverría, 47 años. El 17 de febrero de 2020 su ex conviviente la asesinó a ella y a su pareja actual, para luego prender fuego al domicilio donde se encontraban. La víctima había presentado denuncia en su contra por amenazas y acoso a principios de enero de ese año, lo que derivó en una prohibición de acercamiento. El hombre se suicidó luego de cometer los crímenes.
Mariela Fuentes Lucero, 39 años. El 15 de marzo fue asesinada por su cónyuge con un arma blanca. La víctima tenía 3 hijos con su agresor, al que años atrás denunció por lesiones de violencia intrafamiliar. Tras cometer el crimen el sujeto se infringió lesiones y fue derivado a un centro asistencial.
Marianela Guzmán Ortiz, 49 años. El 13 de abril su pareja la atacó con un arma de fuego dentro de la vivienda que compartían. Ya en 2016 la víctima había interpuesto una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar, sin embargo, al momento de los hechos no había medidas cautelares vigentes. El hombre se suicidó luego de cometer el crimen.
Yulisa Cerda Aguilera, 22 años. El 27 de abril, su pareja la asesinó con un arma de fuego luego de que las demás personas que habitaban el domicilio salieran a dar un paseo. La joven había presentado tres denuncias por violencia intrafamiliar, lo que se iba a traducir en dos audiencias que nunca se realizaron, por la pandemia. El hombre actualmente está preso.
Ruth Gallardo Gutiérrez, 19 años. El 25 de abril la joven de nacionalidad peruana fue encontrada sin vida en la zona del Valle de Azapa, en Arica. Tenía heridas cortopunzantes. El autor del delito habría sido su cónyuge, quien fue detenido. La joven había interpuesto una denuncia en su contra ese mismo año, en febrero, lo que derivó en una prohibición de acercamiento que estaba vigente.
Nataly Sepúlveda Oria, 29 años. El 8 de junio la madre de tres hijos fue asesinada dentro de su hogar en Victoria con un arma de fuego. El autor del crimen: su ex pareja, quién además tenía vigente una prohibición de acercamiento. El sujeto fue detenido y formalizado por el delito de femicidio.
Eliana Urra Colicoy, 48 años. El 14 de junio su ex pareja se dirigió al domicilio donde vivía la mujer y la atacó con un cuchillo, proporcionándole heridas graves. La víctima había denunciado al hombre previamente, quien se encontraba sujeto a las medidas de abandono del hogar en común y la prohibición de acercarse a Eliana o a su domicilio. El hombre actualmente está preso.
Norma Vásquez Soto, 20 años. El 22 de agosto encontraron su cuerpo dentro del maletero de su ex pareja, Gary Valenzuela, al interior de un motel. La joven carabinera había denunciado al sujeto el 17 de julio del mismo año. Luego del asesinato el hombre se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente.
Betty del Carmen Torres Villarroel, 46 años. El 9 de septiembre la mujer fue asesinada a golpes por su ex pareja. La víctima ya había presentado denuncias por violencia intrafamiliar contra el agresor, quien tenía la prohibición de acercarse a ella desde el año anterior. Incluso estuvo en una casa de acogida. El hombre fue detenido.
Julia Mancilla Vargas, 21 años. El 1 de octubre fue violada y asesinada por su primo de nacionalidad argentina que estaba de visita. El hecho ocurrió en la misma casa donde estaban sus padres, quienes al ser ambos sordos no se percataron del hecho a tiempo para socorrer a su hija. El hombre ya tenía varias denuncias en su contra por violencia intrafamiliar. Luego de los hechos escapó, pero fue detenido y formalizado.
Carolina Fuentes Bustos, 42 años. El 5 de octubre su cuerpo fue encontrado sin vida en la orilla del río Ñuble. La policía detuvo a un hombre de la misma edad como presunto autor del delito. Pronto se supo que la mujer conocía a este hombre, quien la habría extorsionado recientemente con videos privados y a quien además había denunciado previamente en 2011 por lesiones leves.
Lady Arboleda Riascos, 33 años. El 11 de octubre el cuerpo de la mujer, de nacionalidad colombiana, fue encontrado sin vida en la vía pública en Copiapó. Se estableció que había sido atacada por su conviviente con un arma blanca. La víctima lo denunció en dos oportunidades durante el año, ambas por lesiones de violencia intrafamiliar, y había sido derivada a una casa de acogida.
Yenny Ancamilla Collinao, 26 años. El 3 de noviembre el cónyuge de la víctima la agredió en reiteradas ocasiones con un arma blanca, propiciándole la muerte en el lugar. Ambos tenían una hija de 10 años en común. La mujer había denunciado al hombre el año anterior, quien se encontraba con una prohibición de acercamiento vigente. Luego de los hechos, el agresor se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente.
Tania Bustamante Díaz, 25 años. El 2 de noviembre, la joven fue asesinada por un arma de fuego. El agresor era su conviviente, con quien tenía un hijo pequeño. Luego de los hechos el hombre se pegó un tiro con la misma arma, sin embargo, no sufrió heridas mayores. Posteriormente acudió donde su vecina, a quién le habría confesado el delito. La mujer había presentado denuncias por violencia psicológica.
Katherine Ayala Ayala, 38 años. El 22 de noviembre la mujer fue asesinada por su conviviente en el domicilio que ambos compartían. Hace años, en 2013, la víctima lo había denunciado por lesiones leves en la fiscalía local de Valparaíso.
Ana María Guerra Castañeda, 66 años. El 15 de diciembre su cónyuge la asesinó golpeándola con un hacha en la parte posterior de la cabeza, generándole severos traumas craneoencefálicos. El hecho ocurrió dentro del domicilio que ambos compartían. La víctima lo había denunciado previamente por violencia intrafamiliar. El hombre quedó en prisión preventiva.
En los 8 femicidios consumados que van este año, 4 mujeres habían denunciado previamente a su agresor.
El apoyo es fundamental
Si bien no hay una fórmula concreta para evitar que situaciones como las recién descritas no vuelvan a replicarse, lo claro es que aún en Chile se está al debe. Por ello, en los últimos años han debido buscarse soluciones diversas. Algunas estructurales y otras prácticas.
Loreto Franco, jefa de la Unidad en Violencia contra las Mujeres del Sernameg, explica las medidas que se toman como organismo para garantizar mayor seguridad a las mujeres que sufren violencia dentro de sus hogares o en su núcleo cercano.
“Por una parte tenemos los centros de la mujer, donde la persona puede ingresar y encontrar las intervenciones psico-socio-jurídicas donde le permiten ingresar en nuestros procesos reparatorios y obtener su representación judicial. Además de la ayuda social que ellas requieren en conjunto con sus familias”, indica.
“Cuando tenemos las violencias graves o vitales tenemos centros de protección, que son nuestras casas de acogida. Ahí pueden ingresar con sus hijos hasta 14 años. Son dispositivos reservados por supuesto, que no damos a conocer donde se encuentran por razones obvias para protegerlas del agresor”, agrega.
Según explica Nuriluz Hermosilla, académica y vocera de la Coordinadora 8M, las redes de apoyo son fundamentales.
“La única forma efectiva de apoyo y seguridad son las comunidades alertas, generosas, dispuestas a acompañar. Eso que hemos hecho juntas por tanto tiempo, de cuidarnos, debe ser una práctica generalizada, en que yo me sienta hermana de todas las vulneradas”, sostiene.
Pulseras y tobilleras
Más allá del apoyo, Sernameg también plantea otras soluciones: pulseras que permitan a las víctimas alertar en caso de peligro y tobilleras electrónicas para los acusados de violencia que estén bajo una orden de alejamiento.
“Lo que van a hacer es dar una mayor protección a la víctima de manera que si el agresor se acerca a ciertos metros o en definitiva la mujer advierte que anda cerca de ella podamos activar estas pulseras y tener contacto directo con Carabineros”, cuenta Franco.
Según detalla, entre abril y mayo se espera tener un anuncio oficial al respecto. “En definitiva, obviamente esto va a permitir generar el nivel de seguridad que las víctimas necesitan”, asevera.
Sobre el aviso que hizo el presidente Sebastián Piñera el pasado 8 de marzo sobre las tobilleras para formalizados por violencia intrafamiliar, la jefa de la unidad manifestó estar muy expectante al respecto.
“Todas las medidas que se puedan ir tomando, tanto en beneficio de la víctima como también ejerciendo ciertas medidas restrictivas para los agresores, son bienvenidas. Muchas veces sentimos que siempre falta, que nunca es suficiente. Yo creo que con estas medidas vamos a dar un paso muy grande con respecto a la erradicación de la violencia contra la mujer”, asegura.
Por contraparte, la vocera de la Coordinadora 8M cree que las “pulseras de alerta para las mujeres significa nuevamente aplicar control sobre las víctimas”.
Caso contrario respecto de las tobilleras para victimarios. Sostiene que podrían llegar a ser útiles, pero con una salvedad: “Surtiría efecto si quienes las controlaran fueran las propias mujeres y hubiera un sistema efectivo de alerta”.
Cuando no hay denuncia
Según Sernameg, si bien cada vez hay más mujeres que denuncian, aún existen muchos casos en que no existe una denuncia formal hacia el agresor cuando existe una dinámica de violencia en la relación.
Loreto Franco explica que “hay muchas mujeres que no denuncian, ya sea por miedo, por dependencia económica, por dependencia emocional”.
En ese sentido, hace un llamado a recordar que la violencia es multifactorial, por lo tanto, insiste en que no es necesario que la mujer denuncie para poder pedir ayuda en el Sernameg.
“Nosotros no lo pedimos como requisito, porque nosotros también hacemos un trabajo con las mujeres que viven violencia y a través de distintos procesos psicoterapéuticos logramos concientizar para que realicen la denuncia y se active la protección en la parte legal que también es tan necesaria”, asegura.
Y agrega: “Desde el Servicio se hace un trabajo con nuestras usuarias de manera que no sientan que por el hecho de no haber realizado una denuncia no puedan solicitar ayuda.
Nuriluz Hermosilla, en tanto, explica que “además de los acompañamientos necesarios, de la coraza de apoyo feminista, siempre recomendamos denunciar, porque si no cae otra capa de silencio sobre esta situación de alerta machista que nos ha tocado vivir”.
“El cambio debe ser completo, el cambio debe ser cultural y estructural”, sentencia.