Este martes inicia el juicio político contra el presidente Rodrigo Chaves, en Costa Rica. El mandatario está acusado de intervenir en la campaña con miras a la elección de 2026.
Por ahora Chaves enfrenta un eventual desafuero, el cual, de aprobarse, abriría la puerta a una destitución en el cargo.
Es la segunda vez que Chaves, de 64 años, se juega su futuro político ante el Congreso de Diputados, que en septiembre pasado rechazó quitarle el fuero por un caso de presunta corrupción.
Ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó al Congreso desaforarlo para que sea investigado por aprovechar presuntamente su cargo “ilegítimamente” y “favorecer un programa político”.
En Costa Rica el presidente tiene prohibido participar en actividades proselitistas o usar su cargo en beneficio de un partido.
El mandatario, que goza de alta popularidad por sus expresiones de mano dura, rechaza las acusaciones y asegura que sus opositores quieren montar “un circo” y “un linchamiento político descarado”.
Para que Chaves pierda su inmunidad se requieren 38 votos, de un total de 57 diputados que componen el Congreso.
La sesión plenaria fue convocada para las 19H00 GMT y el presidente, un economista que trabajó en el Banco Mundial, dijo que asistirá.
En la antesala, el influyente congresista republicano Mario Díaz-Balart, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “remover a un presidente a pocos meses de las elecciones” pone “en riesgo la legitimidad democrática”.
La discusión parlamentaria también se enmarca en un choque de poderes que se acentuó de cara a los comicios generales del próximo 1 de febrero, en los que la derecha busca seguir gobernando con la exministra Laura Fernández.
Si Chaves llega a ser condenado por el TSE, podría ser destituido o inhabilitado para ejercer la política por varios años, explicó a la agencia AFP Marvin Carvajal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica.
En el país centroamericano, que por años se ha jactado de ser una de las democracias más estables de Latinoamérica, no hay reelección presidencial.
Analistas consultados por el citado medio consideran improbable que la oposición reúna los votos necesarios para el desafuero, en un Congreso muy fraccionado.
“Creo que la matemática, como la vez anterior, no da”, declaró Francisco Barahona, exrector de la Universidad para la Paz.
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