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Jueves 14 noviembre de 2019 | Publicado a las 12:06 · Actualizado a las 16:39
Las 13 falencias de la Constitución, de acuerdo a expertos
Por Luciano Veloso
La información es de Deutsche Welle
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La Constitución chilena se ha convertido de pronto en un éxito de ventas. En medio de la crisis, es el segundo libro de no ficción más vendido en Chile esta semana, y se discute si una nueva carta fundamental sería la solución a los problemas sociales del país.

La ofrecen incluso vendedores ambulantes en la calle. Todos quieren leerla y participar del debate. “Los movimientos sociales rara vez piden una nueva Constituci√≥n. No conozco otro movimiento social de esta envergadura que lo haya tenido entre sus banderas emblem√°ticas”, destaca el abogado Javier Couso, catedr√°tico de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht.

El tema constitucional, poco a poco, se ha tomado los espacios. Para el lector com√ļn, sin embargo, es dif√≠cil comprender las implicaciones de cada art√≠culo. “Las constituciones son dos cosas: su texto y su interpretaci√≥n”, aclara el abogado constitucionalista Tom√°s Jord√°n, coordinador del proceso constituyente de la expresidenta Michelle Bachelet entre 2014 y 2018.

Aquí, un análisis de los asuntos y disposiciones más criticadas de la Constitución de 1980:

1 | Origen ilegítimo en dictadura

Buena parte de las críticas apuntan al origen de la ley de leyes chilena: Augusto Pinochet presentó, en 1980, una nueva Constitución, elaborada por un equipo de juristas que encabezaba Jaime Guzmán, fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Fue aprobada por el 65,71% de los votantes en un plebiscito. Sin registros electorales y con las libertades p√ļblicas restringidas, el resultado siempre ha sido cuestionado. Fue el gran legado de Pinochet. Para muchos, una herencia ileg√≠tima que, por esa sola carga, debiera ser cambiada.

2 | Texto original con parches

Se ha parchado bastante, principalmente en temas pol√≠ticos. En 1989 se le introdujeron una serie de reformas consensuadas con todos los partidos pol√≠ticos y aprobadas en un plebiscito ese a√Īo. En 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se le hicieron 54 modificaciones. Las m√°s significativas, suprimir enclaves autoritarios como los senadores vitalicios y los nueve designados -algunos nombrados por las fuerzas armadas- o la inamovilidad de los jefes de las ramas castrenses.

3 | Artículo 19: Estado subsidiario

Aunque no con esas palabras, establece el principio de subsidiariedad: el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los deja en manos de privados, para intervenir solo si fuera necesario.

“El motor lo tienen los privados y, por lo tanto, el rol del Estado es residual. Eso inhibi√≥ la legislaci√≥n sobre muchas pol√≠ticas p√ļblicas que incorporan la solidaridad, por ejemplo, en salud y en pensiones”, dice Jord√°n. En opini√≥n de Couso, “la Constituci√≥n no s√≥lo asegura el derecho de propiedad sino a la propiedad: todo se puede comprar”.

4 | Art√≠culo 19, n√ļmero 9: la salud como negocio

El Estado protege el libre e igualitario acceso a la salud, ya sea p√ļblica o privada, y la libertad de elegir el sistema deseado. “Esto tiene un efecto perverso. La gente acomodada va al fondo privado y aporta m√°s, por lo que este fondo es mucho mejor que el p√ļblico”, explica Couso.

Los privados tienen libertad de crear una empresa en el √°rea de salud, y como el servicio p√ļblico es de mala calidad, las personas se esfuerzan por contratar un seguro privado y atenderse en cl√≠nicas privadas, con lo que las ganancias se concentran en estas empresas.

5 | Art. 19, n√ļmeros 10 y 11: el negocio de la educaci√≥n

El Estado asegura este derecho y debe “financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de toda la poblaci√≥n”. Tambi√©n consagra la libertad de ense√Īanza, que “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Los padres tienen el derecho de escoger la escuela de su preferencia.

En la práctica, ocurre lo mismo que con la salud. Las escuelas estatales y sus alumnos están cada vez en mayor desventaja. En educación, quien busca calidad debe gastar mucho dinero. La no interferencia estatal fomentó el florecimiento de empresas privadas -colegios, institutos y universidades- que cobran altos aranceles.

6 | Art√≠culo 19, n√ļmero 16: sin derecho a huelga

Los funcionarios del Estado y de las municipalidades no pueden declararse en huelga. “No conozco ning√ļn caso de Constituci√≥n de una democracia contempor√°nea que le proh√≠ba a estos trabajadores el derecho a huelga. Buena parte de los trabajadores sindicalizados en Chile son fiscales o municipales y, cuando van a huelga, lo hacen en forma ilegal”, explica Couso.

7 | Art√≠culo 19, n√ļmero 18: seguridad social privada

Es similar a lo que ocurre con la salud y la educación, pero en la práctica las personas están obligadas a ingresar a las AFP, los fondos privados, hoy fuertemente cuestionados por las bajas pensiones que entregan, aunque tienen altas utilidades. Sería inconstitucional eliminar las AFP y crear un sistema de reparto.

8 | Artículos 32, 65, 74 y otros: presidencialismo excesivo

La Constituci√≥n determina un “hiperpresidencialismo, en que el Congreso es muy d√©bil, con muy pocas facultades”, indica Jord√°n. El presidente tiene amplias y numerosas atribuciones. En materia legislativa, tiene iniciativa exclusiva para proyectos de ley en temas de divisi√≥n pol√≠tica o administrativa del pa√≠s, y en la administraci√≥n financiera o presupuestaria del Estado.

Si un proyecto no es presentado o patrocinado por el presidente, puede dormir eternamente en el Congreso. Y si el mandatario le da urgencia, el Congreso tiene un plazo de 30 d√≠as para avanzar en la tramitaci√≥n. “La Constituci√≥n le otorga al presidente el control de la agenda legislativa del Congreso”, subraya Couso.

9 | Artículo 66: leyes de quorum imposibles

Existe un grupo especial de leyes que requieren un quorum m√°s elevado para ser aprobadas, modificadas o derogadas. Para las llamadas leyes org√°nicas constitucionales se necesita “de las cuatro s√©ptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio”.

Materias tan sensibles como la ense√Īanza, el servicio electoral, el Congreso y las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otras, pertenecen a este grupo y son muy dif√≠ciles de modificar. Por lo mismo, Pinochet se asegur√≥ de dejar su sello promulgando, el d√≠a antes de entregar el mando, m√°s de una decena de leyes de quorum mayoritarios, como la de ense√Īanza, que amarraron el sistema.

Otra figura son las leyes de quorum calificado, que exigen la mitad m√°s uno de los diputados en ejercicio. “No hay ninguna democracia en el mundo que exija estos quorum. El habitual es b√°sicamente la mayor√≠a de los presentes”, se√Īala Couso.

10 | Art. 92, 93 y 94: Tribunal Constitucional, “la tercera C√°mara”

El Tribunal Constitucional (TC) tiene tal poder, que ha sido llamado “tercera C√°mara‚ÄĚ. Entre sus m√ļltiples tareas, debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de tratados internacionales y de determinadas leyes, antes de su promulgaci√≥n o durante su tramitaci√≥n. Sus decisiones son inapelables.

Esto permite que, apelando al TC, las bancadas traben y eliminen los proyectos contrarios. “En el segundo Gobierno de Bachelet fue particularmente notorio este rol negativo”, recuerda Couso.

Cuando se tramitaba la ley de aborto en tres causales, se discutió si era constitucional, pues la Constitución asegura el derecho a la vida del que está por nacer. Cuando los movimientos estudiantiles exigieron educación gratuita y de calidad, la derecha argumentó que prohibir el lucro era inconstitucional. Ante el proyecto de rebaja de 45 a 40 horas laborales, que se discute actualmente, algunos amenazan con someterlo al TC.

“Esa suerte de derecho a veto es bien an√≥mala y no ocurre en casi ninguna parte del mundo. El TC deber√≠a ser un revisor de la ley despu√©s de dictada, en caso de que produzca efectos contrarios a la Constituci√≥n”, opina el abogado Jorge Claissac, quien fue director jur√≠dico de la Secretar√≠a General de la Presidencia del primer Gobierno de Bachelet.

Todo lo que atente contra la libre la empresa est√° en riesgo de ser declarado inconstitucional, lo que no permite avanzar en reformas sociales. En opini√≥n de Couso, “el TC es particularmente conservador y activista: sobreinterpreta la Constituci√≥n y va m√°s all√° de la letra, en un sentido conservador. Otros TC en el mundo son activos en pos de los derechos humanos, pero este lo ha sido en pos de los negocios”.

11 | Art. 101: la seguridad nacional y el COSENA

Las Fuerzas Armadas no solo existen para la defensa de la patria, sino que “son esenciales para la seguridad nacional‚ÄĚ. El presidente puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) -integrado por los presidentes del Senado y la C√°mara de Diputados, y los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros- para que lo asesore. As√≠ lo hizo Pi√Īera al comienzo de la crisis, lo que gener√≥ fuertes cr√≠ticas, por la injerencia militar en asuntos gubernamentales y la mala se√Īal de falta de manejo.

12 | Art. 127, 128 y 129: una Constitución con candados

Las reformas a la Constituci√≥n exigen quorum tan altos (dos tercios o tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio, seg√ļn el tema), que son muy dif√≠ciles de lograr. Ahora que se discute redactar una nueva, el mecanismo no est√° claro. El Congreso es el √ļnico camino contemplado. La asamblea constituyente, propuesta por la oposici√≥n, no ser√≠a legal. Habr√≠a que reformar primero la Constituci√≥n y agregar esta f√≥rmula.

Tampoco se podr√≠a convocar a un plebiscito, pues “no se puede llamar a m√°s elecciones o votaciones populares que las que la Constituci√≥n establece”, indica Claissac.

13 | Temas ausentes: derechos de los pueblos originarios

Hay temas no presentes en la actual carta y que deber√≠an incluirse en la discusi√≥n. “Chile es el √ļnico pa√≠s de Latinoam√©rica con pueblos ind√≠genas, en cuya Constituci√≥n no tienen un reconocimiento expreso”, observa Jord√°n.

“Tampoco est√° el derecho a la libertad personal, como libre desarrollo de la personalidad. S√≥lo existe la libertad de movilizarse”, agrega el abogado.

Asimismo, temas que van de la mano de los tiempos, como la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial entre ambos, o los derechos de ni√Īos y ni√Īas y adolescentes, tambi√©n deber√≠an incorporarse a la discusi√≥n de una nueva Constituci√≥n.

Esta debiera considerar, opinan los expertos, cuáles serán sus principios rectores. Y, esta vez, el concepto de solidaridad debería entrar al debate.

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