Una auditoría interna en la Conaf reveló que existen más de 26 mil millones de pesos en gastos impagos sin justificar, hasta este año. El Ministerio de Agricultura entregará los antecedentes a la Contraloría para que investigue las irregularidades.

Se trata de $26 mil 114 millones en gastos arrastrados de la pasada administración, $2 mil 800 millones sin respaldo y $9 mil millones de pesos en cuentas impagas, según una auditoría interna realizada en la Corporación Nacional Forestal que reveló el ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Según Pulso, de los más de 26 mil millones en gastos comprometidos de la administración anterior -específicamente en 2017-, se encuentra el pago de indemnizaciones, contrataciones de última hora -hasta el 10 de marzo, un día antes del cambio de mando- y vínculos legales con Calquín, del grupo Faasa Chile Servicios Aéreos.

Esta última empresa fue denunciada por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por coludirse con la empresa del mismo rubro Martínez Ridao.

El titular de Agricultura, Antonio Walker, calificó la situación como “una emergencia interna” que investigarán “hasta las últimas consecuencias”.

El secretario de Estado agregó que realizarán una auditoría externa para conocer la forma en que se administraron los recursos de la corporación.

La presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, confirmó que citarán a declarar a la instancia al exdirector de la Conaf, Eduardo Vial.

Desde el oficialismo, en tanto, los diputados UDI Celso Morales y Juan Antonio Coloma, confirmaron que presentarán acciones legales para investigar -lo que calificaron como- el “indignante mal uso de los gastos públicos”.

El Ministerio de Agricultura, además acudirá hasta la Contraloría General de la República para que investigue la situación de la corporación.

Por otro lado, según reveló El Mercurio, CMPC -empresa condenada por la colusión del papel tissue- se verá gravemente afectada por este acuerdo entre el denominado “cartel del fuego”, tras haber suscrito contratos a valores más altos de lo que correspondería, con las empresas Fasaa y Matínez Ridao.

Por ello, no descartaron, al igual que la Conaf, presentar acciones legales en su contra.